Los cogollos secuestrados (Foto: PrensaPolSal)

Lo informó la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, informó los números de microtráfico de este año. Hasta el momento, en 2020 se reciben 35 denuncias por día.

En total en lo que va del año se registraron 6197 denuncias. 3388 en comisarías, 1624 vía web, 694 en fiscalías, 491 mediante el 911 y ninguna por el 0800.

El promedio aumentó entre el año pasado y este. En 2019 era de unas 28 denuncias diarias.

El Tribuno informó que durante 2019 se recibieron 10.756 denuncias por estupefacientes en la provincia. De ese total 5699 se radicaron en comisarías; 3677 fueron vía web; 845 en fiscalías; 527 mediante el 911 y 8 por la línea 0800.

Durante 2018 se recibieron un total de 8076 denuncias bajo las distintas modalidades. Un año antes, en 2017, hubo 7131.

Una política cuestionada

En noviembre pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó la política de microtráfico implementada por Salta.

Para el CELS, la política de desfederalización de la persecución del narcomenudeo reforzó la tendencia a perseguir delitos menores en los que la mayoría de los involucrados son personas de escasos recursos económicos.

Salta adhirió a la política de desfederalización en 2014. Desde entonces, los objetivos propuestos no se cumplieron. El informe asegura que el gobierno provincial no logró hacerse cargo de las situaciones de consumo y venta de drogas en los barrios ni descomprimir el trabajo de los juzgados federales para que se pudieran enfocar en los casos más complejos del tráfico y comercio de drogas.

«En la práctica no se cumplió con ninguno de esos dos objetivos. La política de desfederalización se expresa hoy en la participación de las policías provinciales en la ‘guerra contra el narcotráfico’, lo que ha significado un traspaso masivo de recursos de seguridad y penales a la persecución de los delitos más leves», explicó el informe.

«Al mismo tiempo -agregó-, la medida se convirtió en una herramienta que aumenta el poder arbitrario de las policías provinciales en los barrios pobres. A su vez, el fuero federal no muestra mayor efectividad ni destinó los recursos que usaba en perseguir los delitos de menor escala para perseguir ahora a los más graves, por su dimensión económica, por su violencia o por la participación estatal en las redes ilegales».

Para el CELS, la desfederalización generó un aumento pronunciado de las causas por delitos menores asociados al consumo, la tenencia o la comercialización de drogas, y acentuó el poder punitivo del Estado sobre las personas pobres.

El informe también mostraba que la cantidad de personas privadas de la libertad por delitos de drogas creció un 47% entre 2015 y 2017, sin contar las estadísticas de Gendarmería y Prefectura.

Agregó que la población encarcelada por delitos de drogas en todo el país crece con rapidez y la gran mayoría son personas que cometieron delitos leves. Eslabones de fácil reemplazo en la cadena de comercio de estupefacientes como los “soldaditos”, vendedores minoristas, personas usadas como correos o microtraficantes.

El 65% de las personas condenadas por delitos de drogas durante 2017 recibieron penas de cuatro años o menos. Al mismo tiempo, una gran parte de las personas encarceladas por drogas se encuentran con prisión preventiva, es decir que son técnicamente inocentes.

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