El diputado asegura que el beneficio alcanzará a firmas con delitos fiscales penales. Un ejemplo es ARCADIO, la empresa del empresario acusado de embolsar millones con la emisión de “facturas truchas” durante la intendencia de Gustavo Sáenz.

No cesan los cuestionamientos del legislador al proyecto remitido por el Ejecutivo y que ya recibió la media sanción de diputados durante la sesión extraordinaria del pasado martes. En el debate legislativo Carlos Zapata sostuvo que la iniciativa beneficiará a personas que defraudaron al Estado y una referencia resulto obligada: el empresario Matías Huergo – titular de la firma ARCADIO – que durante el año 2019 estuvo varios meses presos por ser pieza clave de la investigación sobre el entramado vinculado a la emisión de facturas falsas que el municipio abonaba con la posible complicidad de funcionarios del gobierno de la ciudad.

En ese marco, Zapata propuso – durante el tratamiento de la ley – un texto donde se explicitará que debían quedar excluidos de los beneficios de la moratoria aquellos que siendo contratistas del Estado hayan incurrido en conductas como la defraudación fiscal, delitos como la emisión de facturas truchas y también a las firmas que recibiendo del Estado algún beneficio fiscal haya incumplido el contrato.

Sus argumentos sensibilizaron a diputados del Bloque que responde a Gustavo Sáenz. No obstante, antes de la votación, el presidente del bloque saencista – Javier Diez Villa – se opuso a la inclusión del texto y argumento que el ministro de Economía Roberto Dib Ashur se había comunicado con él para decirle que “la inclusión de ese texto podía hacer fracasar la moratoria”. La Obediencia Debida primero y los diputados de Sáenz que se mostraron dispuestos a incluir el texto en un principio, luego desistieron de la idea.

El proyecto finalmente obtuvo la media sanción de diputados, pero Carlos Zapata no dejó de señalar que con esa moratoria impositiva el Gobierno Provincial cometerá un “delito”. “Una cosa es entender la situación del contribuyente que por los vaivenes de la economía no pudo cumplir sus obligaciones y necesita reinsertarse al sistema, pero distinto es ayudar a los delincuentes que emitieron facturas truchas y ahora pueden acogerse a los beneficios de esta moratoria” enfatizó el referente de Ahora Patria y agregó: “Es inadmisible sacrificar dinero que el Estado tiene derecho a cobrar para beneficiar a delincuentes que ya nos robaron con facturaciones apócrifas”.

En relación a estos dichos, Zapata enfatizó que algunos funcionarios de Gustavo Sáenz pueden estar impulsando esto de acuerdo a su vínculo con algunas firmas que están siendo investigadas por una administración irregular de sus finanzas. “Hay que excluir a los sinvergüenzas de esto porque además de cometer un delito, la Provincia está resignado el posible de otros 300 millones en conceptos de actualizaciones y multas”, enfatizó el legislador.