Cobra como legislador y como delegado del RENATRE. Representa a un departamento en el que no vive y tiene adscripta a su banca a una sindicalista que gestionó el IFE.
Tras la publicación de una lista con 52 funcionarios que tramitaron –y algunos cobraron– el Ingreso Familiar de Emergencia, los señalamientos siguen apareciendo. Uno de los apuntados en el Valle de Lerma es el diputado Gonzalo Caro Dávalos. Nadie confirmó la denuncia difundida en las redes sociales pero el posteo tuvo una enorme virtud: deslizar a los curiosos a indagar en el recorrido político del legislador de telúrico apellido.
Los resultados del ejercicio sorprenden: todo lo que de él se susurra en el Valle de Lerma se confirma. Como buen patricio salteño, Caro Dávalos reside en un bucólico country que no se ubica en Cerrillos, el distrito por el que es diputado, sino en San Lorenzo. La contradicción de vivir en un lugar y representar a otro se saldó de la siguiente manera: registró la dirección de una finca familiar en La Merced, aunque los lugareños aseguran que nunca vivió ni estudió en el pueblo.
Habrá que admitir, no obstante, que la presencia de Caro Dávalos en el Valle de Lema es sostenida y ello se relaciona con su rol de Delegado Provincial de RENATRE. Justamente allí es cuando dan en el blanco quienes denuncian que el legislador posee un jugoso doble ingreso: la dieta como legislador que según los recibos de sueldos suponen $183.000 con el descuento transitorio de $25.000 que se destina a la lucha contra el COVID 19; más sus ingresos por su condición de delegado. Ingresos que deben ser muy generosos tratándose de un organismo que se hizo famoso por el rol que cumplió allí el histórico Gerónimo “Momo” Venegas, socio clave de Macri en el sindicalismo y líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)
Detengámonos en el RENATRE. Se trata de un ente no estatal en donde conviven el gremio que manejó Venegas con los empresarios del campo. El organismo debía registrar trabajadores y empleadores, pagar prestaciones de desempleo y fiscalizar el trabajo registrado. La realidad era otra: permitía en los hechos altos niveles de informalidad entre los peones rurales, tercerizaba la fiscalización en la empresa Gregard SA y se mostraba indiferente a los casos de trata laboral extendidos en muchas explotaciones agropecuarias del país. En el año 2011 el gobierno nacional creó el RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios), una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación que en lo central debía garantizar lo que RENATRE no hacía: registrar a los empleadores y trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario para que los peones gozaran efectivamente de sus derechos.
Ese mismo año la UATRE del “Momo” Venegas junto a las entidades agropecuarias como SRA, CRA, CONINAGRO y FAA que administraban el RENATRE, realizan presentaciones judiciales para declarar la invalidez constitucional del RENATEA. Batallaron durante tres años, hasta que un día después del ballotage del 2015 que consagró a Macri como presidente electo de los argentinos, la Corte Suprema de Justicia aceptó el pedido del “Momo” Venegas y declaró la inconstitucionalidad del RENATEA, para desgracia de los peones rurales y beneficio de las patronales.
Allí se consolidaron los lazos entre Caro Dávalos y el campo. Durante el gobierno de Macri fue designado como delegado provincial del RENATEA con la misión de desguazarla. Fue él quien despidió a 14 trabajadores salteños del organismo. Cuando el RENATEA agonizaba, se convirtió en delegado provincial de RENATRE. Luego vino su empresa de llegar a la Cámara de Diputados. Tenía cómo: fue candidato por el partido FE, la fuerza que fundo el propio “Momo” Venegas y que en Salta es manejado por otro sindicalista: el taxista José Ibarra, ahora senador por Guachipas y hombre de confianza -desde siempre- del propio Venegas. El doble ingreso que percibe Caro Dávalos fue cuestionado. La senadora nacional Nora Giménez declaró oportunamente que la situación es incompatible y que debería conformarse la comisión de poderes para evaluar la situación.
Eso no es todo: en el Valle de Lerma aseguran que el legislador de patricio apellido impuso al intendente de La Merced, Javier Wayar, contratar a hombres y mujeres de su entorno. La secretaria privada del Secretario de Hacienda es un caso, el encargado del Vivero Municipal es otro.
La cuestión del entorno no culmina allí. El escándalo provocado por la noticia de funcionarios que tramitaron el cobro del IFE también salpicó a una persona cercana a Caro Dávalos. Se trata de Celia Alancay, una gremialista docente que alcanzó notoriedad el año pasado cuando en una manifestación de los Docentes Autoconvocados fue demorada por la fuerza policial en el ingreso al Centro Cívico Grand Bourg. La situación provocó la obvia solidaridad, aunque en el sector advertían que la docente trabajaba para el saencismo que entonces se preparaba para disputar la gobernación de la provincia. El tiempo corroboraría la versión: Celia Alancay acompañó a Caro Dávalos en la lista de Diputados. Los números sólo alcanzaron para que el hombre de doble sueldo ingresara a la Cámara, pero todos aseguran que la “docente” está adscripta a la banca del diputado y delegado provincial de RENATRE. Traducido: Alancay cobra su sueldo de Educación, pero está afectada en la Cámara al mando de Caro Dávalos.
La mujer fue acusada de gestionar el cobro del IFE. Ella misma se encargó de confirmarlo al ensayar una coartada que se viene popularizando entre los involucrados: “Yo estuve haciendo para mucha gente el IFE porque no contaban con internet y computadora. También me fije con mi DNI para conocer procedimientos. Eso no significa que lo cobre», posteó en las redes sociales.
Habrá que ver qué dice la Justicia sobre todo esto. Por ahora, una fiscal provincial aseguró que «si se anotaron lo hicieron para cobrar, así que ahí hay una tentativa de fraude a la administración pública y los que cobraron será por fraude». La situación del legislador de doble ingreso y domicilio distinto al distrito que representa es otra. Allí son los propios diputados quienes deben analizar su caso.
