Jorge Enrique Prado, intendente de Aguaray.

El sitio dirigido por el periodista Horacio Verbitsky se detuvo en el caso que involucra al intendente de Aguaray, Jorge Prado. Sigue sorprendiendo cómo la extracción de caños soterrados no llamó la atención de autoridades de todo tipo.

Félix Herrero y José María Cavalieri firman el largo informe publicado ayer en el sitio El Cohete a la Luna que recuerda que la primera noticia que se tuvo al respecto apareció el 5 de marzo: el robo de 35 kilómetros de cañería de 24 pulgadas soterradas del Gasoducto NEA valuados en 300 millones de dólares y que el intendente de Aguaray había firmado los remitos para que los camiones cargados de caños pudieran circular.

“Cada caño tiene 12 metros exactos y la denuncia de los 35 kilómetros significa 2.916 caños. A 5.000 dólares cada caño, son 14.580.000 dólares, solo en caños. Los distintos medios dan distintos valores de los caños, y distintas cantidades de caños robados” resalta el informe que recuerda que el intendente del norte salteño involucró al secretario de Medio Ambiente de la nación, Juan Cabandié, quien negó haber autorizado la extracción de caños en el municipio salteño.

Como ya se sabe, tras los allanamientos efectuados hace un par de semanas en el municipio de Aguaray y la posterior imputación al jefe comunal y algunos de sus funcionarios, el diputado Ramón Villa del Frente de Todos impulsa la intervención del municipio “El gasoducto que tanto costó construir se desmanteló en días. Esto es un verdadero crimen”.

No obstante, el articulo recuerda que antes de marzo ya existía una denuncia. Fue radicada el 7 de febrero en Salta por el abogado Andrés Matías Schteinbarg, representante de la empresa de Servicios Vertúa SA, quien aseguró que fue informado sobre el robo de caños por pobladores de la zona de Tonono. En la segunda causa penal los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación que lleva adelante la Subsede Fiscal Federal de Orán por los delitos de robo y falsificación en perjuicio del Estado Nacional, por la sustracción de 150 de estos caños.

La Gendarmería Nacional y la Policía de Salta realizaron los allanamientos en instalaciones de las petroleras Perterser SRL y Weatherford Internacional de Argentina SA, en General Mosconi. Pero la investigación quedó en manos del juez Carlos Alberto Martínez Frugoni, en Tartagal, porque había otra denuncia de IESA (Integración Energética Argentina) por el robo de 2.500 caños de la zona de Campo Durán, en jurisdicción del municipio de Aguaray, de mayo de 2019, y por lo tanto se tramita con el procedimiento mixto, anterior a la reforma que se puso en práctica recientemente.

El juez Martínez Frugoni no hizo nada desde mayo de 2019 hasta la fecha y se siguieron robando caños. “¿Quién es este juez?”, se preguntan los autores del informe que allí nomás responden lo siguiente: un juez “designado por Macri en 2017 a pesar de todas las impugnaciones existentes; según sus propias palabras se le “escapó la perdiz” en un delito de narcotráfico por el que solo fue reprendido”.