La matriz económica vigente en los últimos 24 años explica la miseria de los pueblos originarios de Salta. Repasamos las formas en que los últimos gobiernos garantizaron la deforestación que enriquece a pocos y mata a otros. (Daniel Avalos)
Existe un documento oficial que ayuda a reconstruir en parte el avance de la frontera agropecuaria en Salta. Se trata de un informe definitivo de la Auditoría General de la Nación que fue publicado en mayo del año 2014 para denunciar que la Ley de Bosques era un fracaso en nuestra provincia por razones fáciles de sintetizar: recategorizaciones ilegales y escaso control a los grandes agentes económicos por parte del gobierno de Urtubey que por entonces protagonizaba pistoletazos dialécticos con su antecesor Juan Carlos Romero, aunque en el fondo coincidían en lo esencial: favorecer a terratenientes que al ver un monte reclaman al instante la posibilidad de tumbarlo en nombre de la producción.
El informe puede rastrearse aún en la web del organismo nacional. Consta de 201 páginas que evalúan la implementación de la ley 26.331, conocida como la Ley de Bosques. Para ello, los técnicos se tomaron diez meses de trabajo de campo (septiembre del 2012 a julio del 2013) evaluando lo ocurrido en Santiago del Estero y Salta por ser las provincias que poseen territorios con mayor valor de conservación.
Prescindamos de lo ocurrido en Santiago para detenernos en Salta. Es pertinente hacerlo por una cuestión de espacio, pero también porque la lógica y los resultados en una y otra provincia era la misma: aunque la importancia de la Ley radicaba en establecer instrumentos orientados a controlar la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria, Salta autorizaba recategorizaciones que posibilitaban el desmonte allí donde originalmente no debía desmontarse. La aparente contradicción no obedecía a la somnolencia “U”, sino a un claro y monitoreado plan para burlar la ley con el objeto de favorecer a los intereses sojeros y madereros consolidados durante los doce años de Juan Carlos Romero.
La emergencia romerista
El informe de los auditores tiene el enorme valor de pincelar el proceso a partir del empleo de distintos documentos oficiales. El Censo Agropecuario de 1937 – por ejemplo – mostraba que la superficie efectiva de bosques nativos argentinos era de 37.535.308 hectáreas. La misma fuente consigna que entre ese 1937 y 1987 se desmontaron 2.355.308 de ese total. Cifra que entre 1988 y el año 2006 se extendió a otras 6.452.853 hectáreas siendo Salta y Santiago del Estero las provincias que más aportaron a esa cifra.
En el caso salteño y según información de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y el 2002 las hectáreas desmontadas fueron 194.386, mientras entre el año 2002 y el 2006, los desmontes llegaron a las 414.934 hectáreas. Otras fuentes actualizadas al año 2007 permitían ilustrar mejor esa realidad salteña que desde los 90 para acá no dejó de experimentar un enorme incremento del tonelaje de soja cultivada: pasaron de 392.850 en 1999 a 1.291.020 en el 2007 (Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación).
La Dirección General de Estadísticas de Salta también coloreaba el proceso: en el año 1999 el valor exportado de productos salteños tenía en las oleaginosas sólo el 2,1% del total; porcentaje que llegó al 10,3% en 2007; cifra sólo superada por el rubro combustibles y aceites minerales (42,7%) y hortalizas y legumbres, que alcanzó el 13,7%. Rubro este último que, sin embargo, en 1999 representaba el 24,4% del total.
En medio de esa tendencia, dos momentos claves del gobierno de Juan Carlos Romero motivaron al por entonces diputado nacional “K” Miguel Bonasso a plantear la necesidad de la llamada Ley de Bosques. El primero ocurrió en abril de 2005 cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural provincial protegida” para ser vendidos en siete parcelas de más de 2.000 hectáreas cada una. El otro hecho ocurrió en noviembre del 2007 – un mes antes de que Romero abandone el poder en Salta – y el mismo Miguel Bonasso lo resumió así: “El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.” (Miguel Bonasso: “El Mal”. Edit. Planeta. 2001, pág. 262).
Ante ello, el 21 de noviembre del 2007, el senado nacional dio la media sanción que mezquinaba desde junio de ese año cuando la ley fue aprobada por los diputados de la nación. La ley reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que se realizara un ordenamiento territorial que debía establecer qué selvas debían preservarse sin alteración alguna (identificadas en el mapa con el color rojo), cuales podían desmontarse parcialmente (identificada con el color amarillo) y cuáles eran los bosques que podían talarse sin restricciones (identificadas con el color verde). También establecía presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, disponiendo de un régimen de fomento y criterios para la distribución del dinero.
La ley y la trampa “U”
La sanción de la ley de bosques coincidió con el inicio de la era Urtubey en la provincia. El joven mandatario hacía uso por entonces de una retórica ambientalista, aunque en los hechos promovía la política de su predecesor en medio de la nueva dificultad que suponía la existencia de la Ley recientemente aprobada. En diciembre del 2008, Urtubey impulsó el proyecto de Ordenamiento Territorial de la provincia que desconoció la originalmente redactada por un equipo técnico conformado por académicos de la U.N.Sa, para optar por una redactada por los senadores provinciales. Entre estos se encontraba un sojero que adquiriría fama un año después: Alfredo Olmedo. Tal proyecto, por supuesto, incrementaba enormemente la superficie pasible de desmontar.
En esa ley quedó inscripta una trampa que los auditores nacionales denunciaron en el Informe de mayo del 2014: el artículo 17 de la ley de Ordenamiento Territorial de Salta contemplaba re categorizaciones ilegales de zonas: “La categorización reflejada en la presentación cartográfica (…) es de carácter orientativa y será objeto de definición (…) en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades establecidas en la presente ley”. ¿Qué es lo que observan los auditores nacionales? Que la ley salteña contemplaba “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”, es decir la Ley de Bosques nacional. Los auditores ejemplifican la situación con varios casos, aunque acá citaremos algunos ocurridos en los departamentos que más sufren los desmontes.
En Anta, un predio de 1.823 hectáreas categorizado originalmente en rojo, luego fue recategorizado con sólo 428 hectáreas (19%) de rojo, 263 hectáreas en amarillo (11%) y 1593 hectáreas en verde (70%); otro predio de San Martín experimentó la milagrosa transformación: de un total de 11.084 hectáreas categorizadas originalmente como amarillas, luego quedaron en rojo 2.028 hectáreas (18%) y en verde 9.242 hectáreas (82%); Rivadavia también tenía lo suyo: un predio de 12.028 hectáreas que estaba catalogado como amarillo, luego se convirtió en un 15% (1.832 hectáreas) en rojo y en un 85% en verde (10.196 hectáreas); otro ejemplo de Rivadavia: un predio de 6.968 hectáreas categorizadas como amarillo luego quedó dividido en 1.062 hectáreas (15%) de rojo, y 5.096 hectáreas (85%) en verde. Último ejemplo: un predio de Anta de 14.508 que estaban en rojo, luego se transformó en un predio con sólo 4.580 hectáreas en ese color, mientras las restantes 9.928 hectáreas pasaron a ser verdes y aptas de desmonte total.
Los ejemplos se repetían para distintos departamentos de la provincia, aunque acá conviene enfatizar que los auditores nacionales sólo contaron con el tiempo suficiente para detectar 14.000 hectáreas “trampeadas”, mientras otras organizaciones aportaban mayores datos: en mayo de ese año FARN, Vida Silvestre y Greenpeace, remitieron denuncias al entonces Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental y a la Directora de Bosques. Allí remarcaban que el incumplimiento de la ley de Bosques en Salta y Neuquen eran indisimulables y con respecto a la nuestra precisaban lo siguiente: “según podemos estimar por datos oficiales y de organizaciones sociales, en la provincia de Salta ya se desmontaron más de 400.000 hectáreas, de la cuales cerca de 120.000 se trataban de zonas protegidas. En ese sentido, resulta sumamente grave que el gobierno provincial realice en forma sistemática re categorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial”.
El escándalo se nacionalizaba y la prensa nacional empezaba a sumergirse en el mismo. Página (12/05/2014) rastreó a los propietarios de fincas que también habían conseguido recategorizaciones del Estado salteño: Finca El Carmen (Embarcación) poseía 7.407 hectáreas clasificadas en la categoría amarillo, aunque el gobierno salteño autorizó el cambio a categoría verde de 3327 hectáreas; Finca Cuchuy (departamento de San Martín) contaba con cerca de 10 mil hectáreas de superficie clasificada en las categorías rojo y amarillo, aunque los propietarios Pablo Clusellas (por entonces Secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña (primo de quien luego sería Jefe de Gabinete del presidente Macri) lograron del gobierno salteño el cambio a la categoría verde de 8.962 hectáreas de las cuales pudieron desmontar 5.316; la Finca El Yuto (San Martín) de la familia Macri (entre ellos Mauricio) tenía 20 mil hectáreas pintadas de amarillo, aunque el administrador solicitó el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola; la Finca La Maravilla abarcaba 6191 hectáreas y era propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio incluía a Alejandro Roggio, logró que la provincia autorizara el desmonte de 1.423 hectáreas. El establecimiento Agrobari S.A. (Anta) del empresario portugués Joào Pereira Coutiño tenía en aquellos tiempos una extensión de 30.000 hectáreas y pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas. Otras fincas con permisos de desmonte eran La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas).
Aquel informe de los auditores nacionales obligó al gobierno de Urtubey a suspender por decreto el mecanismo que funcionó aceitadamente durante casi siete años, pero el daño era irreversible. Y en la suma de los “desmontes de prepo” practicados por Romero y los “legales” que requirieron de la complicidad de un gobierno que redactó una ley que podía burlarse se inscriben al menos dos cosas: la deforestación – según Greenpeace – 1.425.493 hectáreas entre los años 1.998 – 2018 y la miseria de los pueblos originarios salteños que en su gran mayoría habitan las tierras de los departamentos de San Martín y Rivadavia.
Comunidades estas hambrientas de luz, viviendas, higiene, agua, médicos y por supuesto de comida. Comunidades empujadas a un precipicio al que no llegan los rayos del “progreso” del que sí gozan terrateniente que siempre reciben el auxilio de un Estado que escribe las leyes para que otros abogados la desmenucen y reciban el guiño de jueces que concluyen lo siguiente: la letra de la ley original puede flexibilizarse para permitir lo que en principio estaba prohibido. El resultado es rentabilidad asombrosa para pocos, avance de la desforestación, tecnología de punta para ir asesinando la tierra, monocultivo… y miles de hombres y mujeres que sobran.
