Sólo 4 de los 150 jardines que estaban en la ciudad fueron beneficiados por el programa ATP. Esos emprendimientos recibían cuotas mensuales por cuidar menores de 45 días hasta 5 años. La provincia les ofrece un crédito de 200 mil pesos.
Según la representante del sector, Stella Maris Arancibia, esos créditos son a tasa cero y con un período de gracia de 6 meses, pero no saben cuándo vuelven a las aulas. Lo declaró a la sección local del diario Página 12 en donde precisó que de los 102 emprendimientos que no cerraron, sólo 45 presentaron las carpetas para solicitar esos créditos. “A muchos jardines les sirve y a otros no», dado ya existen jardines que poseen una deuda en alquileres que superan los 120 mil pesos.
Esa situación existe mayormente en las instituciones que se ubican en el centro salteño y que poseen altos montos de arrendamientos, mientras que en las zonas periféricas de la ciudad existen quienes pagan cerca de 20 mil pesos mensuales. «Con esos créditos no se llega a cubrir ni los alquileres próximos», manifestó. Además, Arancibia cuestionó la exigencia de ciertos requisitos para acceder a los mismos créditos. «Te piden garantes y la gente está asustada de prestarse porque no sabe si le conviene o no», ejemplificó. A ello sumó que varias instituciones ya dejaron de pagar los impuestos en AFIP y la DGR, otro de los requisitos para acceder a esos créditos.
El medio citado remarcó que el sector mantuvo diálogos con el Ministerio de Economía y tuvieron como respuesta los créditos. Intentaron encuentros con el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Educación, pero «es una tirada de pelotas de acá para allá». «Para Educación somos comercio y para Producción somos educación dándonos a entender que los jardines no existen en la órbita del estado», señaló.
Además de las deudas impagas en impuestos y servicios públicos, se suma el monto que corresponde a los sueldos de las personas que trabajan en las instituciones. En un relevamiento que pudieron realizar los dueños de los jardines, estiman que cada institución tiene entre 10 y 15 trabajadores donde están incluidos las maestras, los docentes auxiliares, administrativos y de maestranza.
De acuerdo al último informe que elevó el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, al Senado nacional se constató que en la provincia de Salta recibieron el ATP muy pocos establecimientos: para el primer llamado lo recibieron 4; en el segundo lo hicieron 3 y en el tercero fueron 5.
Resulta un número a tener en cuenta dado que en el ATP provincial, que lanzó el gobierno de Gustavo Sáenz a fines de septiembre, se tiene como requisito que los empleadores deben acreditar haber recibido el ATP 5, además de ser buenos contribuyentes ante la DGR a diciembre de 2019.
Desde el Gobierno de Salta les dispusieron desde julio módulos alimentarios tanto para los trabajadores como los dueños de los establecimientos, pero la docente dijo que «es un bolsón mínimo donde sólo nos alcanza para almorzar una semana», declaró Arancibia quien precisó que muchos trabajadores están «vendiendo masitas para poder sobrevivir». Además, expresó que muchas docentes están denunciando la falta de pago ante la Secretaría de Trabajo de Salta, pero «no tenemos dinero para hacerlo», finalizó Arancibia.
