El mismo servía para importar gas boliviano y proveer de red de gas a miles de hogares. La Casa Rosada argumenta irregularidades K, aunque antes de acordar con el FMI habían convocado a una licitación para avanzar con los trabajos.
Con la decisión del gobierno nacional, las provincias directamente perjudicadas son Corrientes, Misiones y Formosa. Los argumentos que la Secretaría de Energía dejó trascender, fue que la decisión obedecía a una serie de irregularidades heredadas del kirchnerismo y que la importación de gas boliviano pierde sentido con las posibilidades que ofrece Vaca Muerta que aún no se sabe cuándo empezará a producir.
“Sin embargo, esas supuestas irregularidades no impidieron que el año pasado la propia administración Cambiemos convocara a una licitación para avanzar con la obra, licitación que se encaminaba a ganar Techint por la descalificación de sus oponentes”, precisó Página 12 en su edición de hoy con lo cual queda claro que las razones que llevó al gobierno a cambiar fue la decisión de profundizar ajuste fiscal a pedido del Fondo Monetario Internacional.
“El GNEA suponía encauzar la provisión de gas de Bolivia desde el gasoducto Juana Azurduy a través de Campo Durán (Salta), Formosa y después bajar en paralelo a la ruta nacional 11, pasar la frontera chaqueña y conectarse con todo el norte de Santa Fe. Para las comunidades del norte del país implica la esperanza de contar con gas de red y dejar de utilizar las garrafas, que son caras y peligrosas” sintetizó el mismo medio que precisa lo siguiente: “Mario Dell’Acqua, titular de IAESA (sustituta de Enarsa), confirmó que el Gobierno decidió proveer de gas desde el sur a Santa Fe y Chaco, hasta donde llega actualmente el gasoducto en su red troncal (no están terminadas las conexiones locales). En cambio, Corrientes, Misiones y Formosa, que faltan atravesar según el trazado original para llegar a Bolivia, quedarán sin acceso a ese servicio público”.
El gran problema para la continuidad del gasoducto es el ajuste fiscal al que se comprometió el gobierno para satisfacer las exigencias de los “mercados”. Según los números que el Gobierno presentó la semana pasada ante el FMI, los gastos de capital previstos para este año son de 219.108 millones de pesos (1,6 por ciento del PBI), mientras que para el año próximo se prevé un desembolso de 160.202 millones (0,9 por ciento del PBI). La caída nominal proyectada es de 58.906 millones de pesos, un 27 por ciento menos que este año, pero en términos reales la caída será del 46 por ciento. Incluso los 219.108 millones previstos parecen de difícil cumplimiento este año: entre enero y junio la inversión real directa, transferencias de capital e inversión financiera sumaron desembolsos por apenas 87.000 millones de pesos.
