En una entrevista con Télam -que a continuación reproducimos casi íntegramente- Vaeza repasó el informe realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) junto a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
¿Cuáles son las principales problemáticas que afectan a las trabajadoras del hogar en la región latinoamericana?
El principal problema que enfrentan casi 18 millones de mujeres en el trabajo remunerado del hogar es que son informales, no tienen contrato y sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas. Hay informalidad y pagos bajos. Y al estar en esta situación muchas veces no tienen acceso a seguro social, médico y a vacaciones, a pesar del Convenio 189 de la OIT que dice claramente que todas las trabajadoras domésticas tienen derecho a un entorno seguro y saludable, y también a disfrutar de condiciones contractuales que le permitan tener protección social, salario mínimo y condiciones laborales que no sean de esclavitud.
Estas desigualdades quedaron más expuestas por la pandemia
Durante la pandemia las echaron sin pagarles compensación y no tenían donde ir o las esclavizaron, las dejaron en el hogar donde trabajaban sin que pudieran salir por miedo al contagio. Esa situación no implicó mayor salario o mejora de condiciones laborales. Seguimos viendo lo fundamental que es el trabajo de las personas del hogar, particularmente en esta pandemia. Las personas con Covid que no estaban en hospitales, que se recuperaron en sus casas fueron cuidadas por mujeres, que además mantuvieron el hogar para evitar los contagios. Han jugado un rol fundamental. Por eso las traemos al centro de la discusión porque son dejadas atrás y han demostrado un rol fundamental en pandemia.
¿En qué países están las principales disparidades?
Hay solamente dos países que tienen muy clara la protección de estas personas: Uruguay y Costa Rica, porque defienden la negociación colectiva, la formalización, no se puede tener una trabajadora sin contrato y hay multas. En los demás países, en el 75% de los casos, es trabajo informal y no tienen protección.
¿Cómo se puede replicar la experiencia de estos países?
Hay que seguir empujando. Hay 16 países que ratificaron el convenio 189 de la OIT y hay que lograr que todos los países de la región lo hagan, y que esa ratificación baje la pelota a la cancha, que exista legislación, que los ministerios de Trabajo tengan un sector para protegerlas. Hay que humanizar el trabajo, si quedan en la informalidad van a quedar a la gracia y concesión de los patrones. Es muy importante el registro.
¿Cuál es su balance de la situación en Argentina?
En Argentina hay que seguir insistiendo en el registro, porque más o menos hay un 1 millón 700 mil puestos de trabajo y solamente 500 mil están registradas. Además, está el promedio de horas y el pago que más o menos es de 8.000 pesos, que es la mitad de la canasta básica. En promedio las trabajadoras del hogar trabajan 6 horas y media. Argentina ratificó el Convenio 189, pero no se movió la aguja en materia de formalización y mejoras salariales.
Lo que destaco es que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a raíz de la pandemia, logró incluir el derecho a licencia de las trabajadoras de casas particulares y con salario pago, pero sólo para las registradas.
¿Cuáles serán los aprendizajes de la pandemia en relación a políticas públicas para este sector?
Creo que la pandemia demostró que finalmente las mujeres están en la primera línea: el 74% de los trabajadores en salud son mujeres y el 85% de quienes están en las cajas de farmacias, supermercados, son mujeres. Todo es trabajo esencial. Si ellas no estuvieran no podríamos haber atajado la pandemia. Sin embargo son las que menos salario tienen. Desnuda la desigualdad y la discriminación.
Espero que la pospandemia construya una mejor sociedad con salario más digno para la población esencial y se le dé oportunidad de seguir capacitándose porque ellas son las que nos cuidan. La mujer accede al trabajo en América Latina pero el 70% de ese trabajo es informal. Por eso la formalización, el registro, el acceso a salud, a justicia, a protección social es fundamental. Hay que elaborar protocolos de salud y seguridad en trabajo doméstico para cuidar a trabajadoras y familias. Y también promover la inclusión digital y financiera, para que puedan acceder a créditos.
