Bolivia es uno de los países con mayores reservas del codiciado mineral, pero a diferencia de Chile y Argentina el “modelo boliviano” incluía la explotación 100% estatal y control sobre la industrialización que para algunos explica el Golpe.
«No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima», sentenció a Página 12 Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia.
Como se enfatiza hasta el hartazgo, se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70% del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica y así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal, a diferencia de Argentina en donde sigue considerándose un «commodity».
Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio más «pragmático»: le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China.
Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia había dado el primer paso con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, que es única en América Latina. Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana.
El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí reunidas en el Comité Cívico del Potosí que la califico absurdamente de entreguista y logró que el presidente Evo cediera en nombre del “orden interno”. La realidad, señaló Nacif a Página 12, es que «históricamente” los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías: es decir el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían.
En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de «robarse las regalías» del litio de Potosí. El “paso atrás de Evo” en el proyecto no calmo a los “empresarios”. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente, reclamó su renuncia y se puso al lado de Luis Fernando Camacho.
«Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región», sentenció Nacif.
