Se trata del sanjuanino Eduardo Cáceres quien regresó a su banca el 12 de febrero tras la licencia que se tomó cuando comenzó el proceso judicial. Ante ello, quince diputadas nacionales de distintos bloques pidieron su suspensión.

“Como diputadas de la Nación, tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señalaron las legisladoras en un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara. El texto, además, recuerda el reglamento propio del cuerpo, las convenciones internacionales ratificadas por el Estado argentino y la Ley Micaela que el procesado Cáceres propuso modificar, justamente, en cuanto regresó de su licencia.

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Eduardo Cáceres es del PRO y las quince firmantes del pedido de suspensión revistan en el Frente de Todos. Sin embargo, los reclamos internos de intervención que generaron el regreso de Cáceres y su intento de convertir en ley la “noción” de que “la violencia no tiene género”, son transversales, como consignaron diputadas de distintas identidades partidarias, inclusive del mismo PRO. De hecho, el lunes la Secretaría Nacional de Mujeres del PRO emitió un comunicado en el que afirmó que es preciso “acompañar a quien alza su voz”.

Volviendo al pedido de suspensión realizado por las quince diputadas, en el escrito se resalta que el pedido es corresponder al “rol que la ciudadanía nos ha asignado y la necesidad de proteger y cumplir con la legislación para erradicar todo tipo de violencia de género”. El escrito está acompañado por las rúbricas de la diputada sanjuanina Graciela Caselles, las bonaerenses Jimena López, Mónica Macha, Liliana Schwindt, Liliana Yambrun, la porteña Mara Brawer, las salteñas Verónica Cáliva, y Alcira Figueroa, la jujeña Carolina Moisés, la fueguina Carolina Yutrovic, la santafesina Patricia Mounier, la chubutense Estela Beatriz Hernández, la pampeana Melina Delú, la formoseña María Graciela Parola, y la puntana Victoria Rosso.

Cáceres, en tanto, se afana en agitar en entrevistas y por redes sociales su proyecto para penalizar “falsas denuncias o escraches sociales”, al que denomina “Ley Alejo”, en referencia al joven Alejo Oroño, asesinado a mediados de febrero de una puñalada por su ex novia, Nadia Navarro Montenegro. El texto ingresó la semana pasada por mesa de entradas con las firmas de otras 14 legisladoras y legisladores.

“El 30 de noviembre del 2020, se autorizó por pedido del Diputado Cáceres su desafuero y la Diputada Nacional Graciela Caselles solicitó que se lo licenciara, para que la justicia local pudiera acceder a todas las herramientas necesarias que permitieran aclarar y proceder conforme a derecho, ante la denuncia por violencia de género agravada por el vínculo realizada por parte de la ciudadana sanjuanina, Gimena Martinazzo”, recordó el pedido de suspensión de Cáceres, que añadió que luego de eso el legislador resultó procesado.