Desde la empresa de electricidad realizan controles constantes y detectaron que a través de las redes sociales se ofrecen servicios ilegales para pagar menos.
Ante el incremento en los valores de las boletas de luz durante el último año, no es de extrañarse que cada vez más salteños opten por maniobras poco legales para reducir el gasto de su consumo energético. Esto es lo que preocupa a la empresa que brinda el servicio en la ciudad: EDESA.
Nuevo Diario publica hoy una nota que semeja más una amenaza de la propia empresa que a un reclamo concreto. En tal nota Hugo González, gerente de Relaciones Institucionales de EDESA, detalla lo que detectaron en los últimos tiempos: hay personas que ofrecen la adulteración de medidores en redes sociales. Así como se ofrece un trabajo de reparación de una cañería, por dar un ejemplo, hay quienes mediante anuncios públicos dicen que pueden modificar los medidores para pagar menos.
«Nosotros hicimos la denuncia y bueno, en una de las investigaciones se terminó con la detención de la persona que ofrecía este servicio y de la persona que supuestamente hacía el servicio», precisó González, quien además detalló: «Todos son de características muy similares, no exactamente, pero muy similares. Y en muchos casos se ha comprobado realmente la ejecución de los trabajos, vinculando realmente la publicación en redes sociales con la comunicación que ha habido con esta gente y los domicilios de las personas que han solicitado el servicio».
El gerente aseguró que desde EDESA hacen controles constantes, y que mediante el sistema de cobro pueden notar si existen diferencias importantes en las mediciones. Es decir, si usted pasa de pagar un mes 2000 pesos a 800 el siguiente, la empresa, cual Gran Hermano, sabrá que algo raro pasa ahí e iniciará una investigación para determinar qué es.
En cuanto a las responsabilidades de infractores, si debe pagar quien ofrece la modificación o quien la recibe, González comentó: «Penalmente es tan responsable aquella persona que ofrece el servicio, como aquella persona que toma el servicio, es un poco el que le vende el arma y el que acciona el arma, entonces los dos son responsables».
Entre las consecuencias, tiempo atrás, el funcionario de EDESA especificó en Aries que este delito tiene penas de hasta 6 años de prisión como máximo, mientras hubo usuarios que han tenido que pagar más de 100 mil pesos de resarcimiento y cumplir con trabajos comunitarios.
