La Rosada presiona a gobernadores de Salta, Tucumán y Córdoba para que frenen el proyecto que limita los tarifazos

El Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, dijo haber hablado en ese sentido con Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur y José Schiaretti. Advirtió que sería una irresponsabilidad que los diputados que responden a esos mandatarios apoyen la iniciativa.

Mientras la oposición insiste en llevar al recinto y busca apoyos para aprobar el proyecto que prevé frenar los aumentos tarifarios, Marcos Peña habló con La Red para enfatizar que «el dictamen de la oposición es inviable en términos fiscales» y que representa «una gran irresponsabilidad» y enfatizar que de aprobarse así – retrotraer a noviembre de 2017 las tarifas de los servicios públicos e impedir aumentos durante 2018 – la iniciativa “terminará siendo vetada”.

Peña detalló también que el Gobierno habló con Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur y Juan Schiaretti. «Si sus diputados avanzaran en una cuestión así, sorprendería mucho, implicaría una contradicción porque ellos también necesitan que la Argentina crezca», advirtió en la entrevista radial.

Las declaraciones de Peña van a tono con lo que se acordó en la reunión de coordinación en la Quinta de Olivos. “Allí el Presidente se mantuvo firme en no ceder porque vislumbra una maniobra similar a la que la oposición esbozó en diciembre de 2016, cuando forzó la aprobación de un proyecto que establecía la suba del mínimo no imponible de Ganancias”, interpreto el diario Clarín que también se hizo eco de las declaraciones de Peña en La Red.

Del mismo modo, en La Casa Rosada avisan que tomarán nota del comportamiento de los mandatarios: «Veremos cómo actúan», deslizan. De todos modos, el diario Clarín asegura que  si los gobernadores no intervienen para frenar el proyecto, el Gobierno baraja una salida intermedia: un veto parcial. ¿En qué consistiría? Que el Presidente rechace el artículo que prevé que sólo el Estado Nacional debe afrontar el costo de la aplicación de la iniciativa. Por lo tanto, las provincias -y los gobernadores que no actúen con la «responsabilidad» que exige la Casa Rosada, también deberían cargar con ese costo.