La patota policial salteña | Irregularidades en el juicio a 20 efectivos que reprimieron en asentamientos de la ciudad

Ocurrió durante el año 2020 en los barrios Ampliación Parque La Vega y San Calixto. El juicio comenzó el día lunes, se realiza a puertas cerradas y con denuncias por irregularidades: el fiscal no logra ubicar a los testigos.

La jueza María Victoria Montoya Quiroga de la Sala I del Tribunal de Juicio es quien dispuso el no ingreso de la prensa ni del público. La magistrada aduce que el espacio es pequeño. Otra de las “curiosidades” del caso es lo informado en audiencia por el fiscal Gustavo Vilar Rey: solo ubicó a tres testigos y víctimas de la represión. Eso no es todo. El propio Vilar Rey que está a cargo de la acusación es una figura polémica: había sido removido de la Fiscalía de Derechos Humanos por el anterior procurador y actual ministro de Seguridad, Abel Cornejo, por la inacción que tuvo ante el recrudecimiento de la violencia policial en pandemia. “En aquel momento el Ministerio Público hizo una auditoría y se le inició un sumario administrativo por no investigar a la policía, la función específica que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos” informo en su edición de hoy la sección local del diario Página 12.

Ayer declaró la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, María Martínez Morales Miy, quien señaló la importancia de que la causa llegara a esta instancia, pero también dijo que le resulta llamativo e «inentendible» que Vilar Rey haya sido designado en esta causa y consideró que el funcionario ya evidenció que «no tiene interés en juzgar los abusos policiales».

La causa contra los 20 policías se abrió por una denuncia y la presentación de un informe que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a cargo de Horacio Pietragalla. El organismo no se constituyó como querellante, pero está presentado como amicus curiae en el juicio.

La abogada de la Secretaría, Dolores Parra, junto a Martínez Morales Miy, fueron al día siguiente de la represión al asentamiento y recabaron testimonios de las personas damnificadas, entre las que había un adolescente de 15 años herido con balas de goma y niñxs que presenciaron los hechos de violencia. Martínez Morales Miy pudo declarar este miércoles como testigo, pero en realidad no fue citada hasta que Parra se lo sugirió a la secretaria del Juzgado ya que ninguna de ellas había sido llamada a brindar testimonio. Hasta el momento ella es la única que declaró a favor de las víctimas que no se han presentado a declarar. Se cree que en su mayoría no fueron notificadas.

El fiscal Vilar Rey anunció en esta audiencia que con un investigador ubicó solo a tres víctimas de la represión, que debían presentarse a declarar, pero como no lo hicieron les hará llevar por la fuerza pública.