La ley 26160 vence en noviembre | Buscan prorrogar la ley de relevamiento de las comunidades indígenas

La ley vigente vence en noviembre próximo. Nora Giménez y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas – Magdalena Odarda – mantuvieron una reunión para analizar el borrador del proyecto.

No es la primera vez que Giménez y Odarda se reúnen con el mismo objetivo. Ya lo venían haciendo durante las entregas de carpetas técnicas de relevamientos territoriales, aunque ayer la titular del INAI explicó que el borrador que trabajaron con la senadora nacional por Salta “tiene la particularidad de que lo hemos trabajado junto con el Consejo de Participación Indígenas (CPI), organizaciones indígenas, recibiendo también aportes de organismos que velan por la protección de los derechos de los pueblos originarios”, adelantó.

Odarda detalló además que “el borrador del proyecto de prórroga, cuya ley vence este año, está presentado ante la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo y contempla, como elemento diferencial, la incorporación de un presupuesto para culminar los relevamientos de más de 700 comunidades. La inquietud está planteada también en el seno de la Cámara de Diputados”, agregó y ponderó sobre todo el compromiso de la Senadora salteña para con esta causa. En la actualidad hay 1756 comunidades originarias inscriptas en el INAI. De ellas, 989 ya tienen sus carpetas en mano y 767 son las que restan relevar. La mayoría de estas últimas son del norte del país.

Por otro lado, la senadora Giménez se comprometió a revisar el borrador, ofreciéndose a presentarlo en la Cámara Alta y manifestó la necesidad de dar a conocer la propuesta en una próxima reunión -antes de fin de mes- a otros legisladores que vienen siguiendo la temática y que han mantenido contacto con la presidenta del INAI por esta situación.

Tanto Odarda como Giménez coincidieron en la evidente necesidad de poner en funcionamiento la “Comisión Especial de los Pueblos Indígenas” de la Cámara Alta, por considerarla un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso.