Muestra «un problema sistemático» en la provincia que implica responsabilidades «en todos los niveles del Estado».

Un informe del sitio Infancia En Deuda muestra la dura situación sanitaria que padecen los salteños que menos tienen. Hace foco en los niños, niñas y adolescentes de la provincia.

Municipalidad de Salta

El artículo se basa en distintas publicaciones realizadas en la provincia y asegura que se trata de «un problema sistemático en la provincia y que se dan por motivos múltiples que implican responsabilidades en todos los niveles del Estado».

Infancia En Deuda reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante una campaña de concientización para dar prioridad a los derechos de niñas, niños y adolescentes en la agenda de políticas públicas. En el artículo «Desnutrición de niñas, niños y adolescentes en Salta. Entrega III: El colapso del sistema sanitario», asegura que al drama de la desnutrición se le suma la pandemia, que no se puede abordar de manera correcta por la falta de servicios y derechos básicos.

Se muestra que el agua potable no está garantizada como corresponde, la precarización demanda salir a trabajar sin recursos de protección y que existen comunidades donde no se consideran ni respetan las culturas a la hora de ejercer el acceso a la salud.

Y cita a Felisa Mendoza, de la comunidad 9 de Julio: “Pedir que se laven las manos con agua y jabón ya es todo un tema, en las comunidades, las más cercanas a la ciudad (algunas de ellas a 3 kilómetros de la ruta nacional 34), hay agua de manera clandestina. Los más alejados guardan, si les llevan o si llueve, en bidones en desuso de agrotóxicos y deben elegir si tomar o lavarse las manos”.

El texto señala que la finalización del mandato de Juan Manuel Urtubey en 2019 dejó a Salta «con un sistema sanitario precario, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad como los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, que fueron declarados en emergencia sociosanitaria en marzo». «Ya en una auditoría realizada el año pasado sobre los ejercicios del 2016 en los hospitales Juan Domingo Perón y San Vicente de Paul, de los municipios cabecera de los departamentos San Martín y Orán respectivamente, se evidenciaban las denuncias históricas de las comunidades originarias y criollas sobre el acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes», agrega.

Además, indica que las comunidades originarias, además de las falencias estructurales y la barrera que muchas veces impone el idioma, «también deben enfrentar la discriminación en los distintos estamentos del Estado, tal como sucedió con la familia Fidel Frías, un niño wichi de 14 años que pesaba 30 kilos y falleció en el hospital de Tartagal en marzo del año pasado».

El artículo da cuenta de una práctica común en la provincia, que es la costumbre de culpar a las comunidades «por no amoldarse a los protocolos sanitarios, mientras que desde las comunidades cuentan que el rechazo a atenderlos es sistemático y atraviesa todo el recorrido por el sistema de salud».