Foto: Archivo Clarín.

Cuatro jueces de la Corte Suprema pidieron al Tribunal que debía hacer el juicio que le envíe el expediente que acusa a la ex presidente de direccionar obras públicas en beneficio de Lázaro Báez.

La consecuencia lógica de ese pedido es que sin expediente no se puede hacer juicio oral, por lo cual la consecuencia natural es que el proceso ahora se demore por la decisión de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

La defensa de la ex presidente había cuestionado en la Corte diversos aspectos del caso. Entre ellas que le habían negado la realización de diversas medidas de prueba: desde la presentación de testigos hasta la realización de un análisis comparativo de las empresas que se beneficiaron con contratos de obras públicas en su gestión en todo el país. Había dicho además que el caso debía tramitar junto con la demanda civil y no por separado, y que no había motivos para que interviniera en el asunto una sala de Casación diferente de la que estaba actuando.

Para el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, estos asuntos no implicaban sentencia definitiva, es decir que eran asuntos en los que la Corte Suprema de Justicia no debía intervenir. Sin embargo, sus colegas dijeron que era necesario analizar el asunto y por eso pidieron el expediente al Tribunal Oral Federal Nº 2.

En ámbitos de la Corte Suprema deslizaron que ven con preocupación cómo están llegando a juicio las causas, están poniendo el ojo en el armado de expedientes y las maniobras que se produjeron. En fuentes del TOF 2 vieron la cuestión con mucha calma. ”Peor hubiera sido arrancar, hacer audiencias y después encontrarnos con nulidades”, reflexionaron.