Los jueces del organismo internacional de derechos humanos llegaron ayer para evaluar cómo actuó la Provincia en el caso Lhaka Honhat que involucra a comunidades indígenas.
Dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire, arribaron a Salta para evaluar el rol del Estado en el caso Lanka Honhat, el conflicto territorial por 643 mil hectáreas de los ex lotes fiscales 55 y 14 que reclaman criollos e indígenas de Santa Victoria Este.
Los magistrados representan una misión de jueces y funcionarios de la CIDH que se encargan de monitorear si sus sentencias (por caso la de octubre de 2017 donde se comandó al estado nacional y provincial la implementación de un traspaso para la solución del conflicto) se cumplen. “Este mecanismo es establecido en la corte para asegurar que las disposiciones, decisión y sentencias tengan un eficaz y oportuno cumplimiento”, precisó Pazmino Freire a El Tribuno.
En el caso, las comunidades indígenas reclaman 400 mil hectáreas de limitación, demarcación y titulación para poder seguir viviendo de la pesca y la caza. En marzo se realizó una audiencia pública en San José, Costa Rica, y resta que el tribunal internacional tome una decisión.
La comitiva que recibió a los jueces de la CIDH estuvo integrada por la fiscal de Estado de Salta, Pamela Calletti, y la ministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz. Los representantes de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lanka Honhat son Francisco Pérez, su coordinador, y Rogelio Segundo, como tesorero.
