El jefe comunal de Pichanal cayó en desgracia al abrir la boca para decir que «para robar, hay que ser inteligente». Ahora se conoció el inventario de sus propiedades e informes de auditoría que revelan cómo manejaba el dinero público.
Tras su provocador discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el viernes pasado, el caso de Julio Jalit se volvió título de medios provinciales y nacionales que se sorprendieron por la brutal sinceridad de una frase utilizada: «Para robar hay que ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente».
Ahora, esos mismos medios se preguntan sobre cuán rico es el jefe comunal que en el año 2003 accedió al cargo siendo un empleado de estaciones de servicio de la empresa K y M (Klarmann y Macarón). La respuesta la encontraron en un informe del diario El Tribuno que detalló que los bienes de Jalit se empezaron a acumular el 25 de enero 2006 cuando adquirió tres fincas por unos $4.500 millones. “Los terrenos constan de 891 hectáreas y están ubicados a la vera de la ruta 53, en Embarcación (…) En ese lugar, el dirigente peronista montó una producción en las localidades Tres Pozos, Caraparicito y Pozo Cabado”, resaltó el portal Infobae.
“La siguiente adquisición importante se produjo en junio de 2009. Por entonces, las propiedades rurales se despreciaron por la prohibición de desmontar de la Corte Suprema. Aquel año, Jalit aprovechó la oportunidad y compró dos campos situados sobre el camino a Padre Lozano. Esa operación por 912 hectáreas le costó $1.010.600, según los registros inmobiliarios oficiales” resalta el medio que también recuerda que a fines de ese mismo año, Jalit compró otra propiedad de 221 hectáreas en Pozo del Cuico, en Orán, por un valor de 88.000 dólares.
“Entre abril y mayo de 2010, el intendente adquirió a su nombre otros tres campos, con una superficie de 874 hectáreas, junto a la ruta 53. Esas compraventas tienen un valor de 432.300 dólares”, destaca la nota que con tino recuerda que a medida que las restricciones a los desmontes se flexibilizaron, las tierras se fueron valorizando y hoy se destinan a la producción de granos.
El haber del intendente no se reduce sólo a lo inmobiliario: el jefe comunal cuenta con 14 vehículos identificados, entre los que se incluían costosos equipos de transporte de cargas generales. Lo confirmó El Tribuno en la seccional oranense del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
El fuerte incremento de su riqueza es una incógnita y por ello varios concejales de Pichanal pidieron a la justicia que se investigue si hubo «malversación de fondos públicos», «enriquecimiento ilícito», «administración fraudulenta», «incumplimientos de deberes» y «abuso de poder». Sin embargo, ninguna instancia judicial o política del Estado encontró irregularidades o pistas en torno a estos ilícitos.
La que sé hizo algo para detectar irregularidades fue la Auditoría Provincial, aunque la gravedad de las irregularidades detectadas, no tuvieron consecuencias de ningún tipo. Un informe financiero y de legalidad realizado sobre el período 2010 (plena hegemonía de Julio Jalit) de la Municipalidad de Pichanal fue publicado recién el 29 de octubre del 2015. El mismo posee 58 páginas y revela el pésimo manejo de los números que se realizan en los dominios del intendente Julio Jalit.
Para empezar, el Municipio no tenía un organigrama que definiera las responsabilidades ni la línea de autoridad; tampoco contaba con un Manual de Misiones y Funciones ni uno de Procedimientos Administrativos; las ordenanzas se registraban fuera de término o directamente no estaban disponibles.
Los técnicos auditores presentaban numerosas observaciones y una de las primeras aseguraba que las Resoluciones de Intendencia no describían el destino de las erogaciones, ni contaban con la documentación respaldatoria necesaria para individualizar los gastos. Traducido: nadie sabía adónde iba la plata. Las órdenes de pago relevadas por los auditores mostraban también que se realizaron pagos sin autorización previa y sin presentar documentación respaldatoria.
A continuación destacamos los aspectos más desopilantes e indignantes de ese informe que aún puede leerse completo en la página oficial del organismo:
Cobrá dos veces, que está todo bien: el informe muestra que el procurador del municipio cobró honorarios por haber actuado como apoderado en un juicio, algo que va contra la Ley de Arancelamiento Profesional Nº 5.412, que dice: “Cuando los profesionales estuviesen contratados por sus patrocinados o representados mediante remuneración periódica, no podrán cobrar de éstos retribución adicional alguna, sin perjuicio de la acción directa contra la parte contraria condenada en costas”.
¿Quién controla? El sistema contable instrumentado por el Municipio mostraba diversas faltas: no se encontraba integrado en las distintas áreas, lo que denotaba una falla de control interno e impedía elaborar Informes Financieros. El Departamento de Rentas Municipal no contaba con un sistema adecuado de seguridad para la restricción al acceso de los padrones de Contribuyentes que impida la adulteración o eliminación de la información expuesta en los mismos. El Municipio no efectuaba la registración de las erogaciones y los recursos respetando las distintas etapas del gasto.
Cheques vencidos: el Municipio realizó entonces pagos de anticipos para diversos gastos. Esto es, según el informe, contrario a las prácticas sanas de la administración pública. En esta etapa de la auditoria se detectó que en marzo de 2010 se emitieron cheques con fecha de vencimiento anterior al de su emisión. ¿Para qué era esto? Los auditores verificaron la existencia de órdenes de pago emitidas con una finalidad distinta a la que correspondía.
Fondos sin destino: la Municipalidad efectuó pagos sin contar con comprobante respaldatorio válido. Los comprobantes referidos a pagos de servicios de proveedores fueron elaborados por la propia municipalidad con recibos comunes, dado que el proveedor no presentaba la respectiva factura, remito, o comprobante que demostrara la efectiva prestación de los servicios o provisión de bienes.
Vendiendo humo: el Municipio presentó para la auditoría dos planillas denominadas “Ejecutado Recursos Año 2010” y “Ejecución de Gastos Año 2010”. Allí muestran que la suma de los valores originales más las modificaciones incorporadas durante el año coinciden exactamente con los valores efectivamente ejecutados. “La situación descripta es inverosímil, porque resulta imposible calcular con tal exactitud que no existan saldos a favor ni en contra en ninguna de las partidas al cierre del ejercicio. Lo antedicho desvirtúa la esencia del sistema presupuestario”, aseguran los auditores.
Vos metele: el análisis de los antecedentes vinculados a las compras y contrataciones llevadas a cabo por el Municipio, pone en evidencia que el procedimiento habitual es la Compra Directa, sin tener en cuenta las condiciones y los requisitos establecidos en la misma ley. El informe demostró que se incurrió en desdoblamientos durante algunas contrataciones.
Nafta: en el Municipio de Pichanal no existe ningún sistema de control del gasto de combustible, sin embargo, en aquel año el gasto en combustible se presupuestó $873.000 sobre un total de gastos de Consumo de $2.183.783,41, lo que representaba un 39,97 %. Sin embargo, la Ejecución Presupuestaria indica que el consumo real fue de $1.219.256,13, sobre un total de Gastos de Bienes de Consumo de $2.134.455,92, que representan el 57,12%.
Se compraban ellos mismos: el Municipio compró mercaderías al Supermercado J&C por un monto de $186.932,28, y a la Farmacia Rivadavia por $21.936,36. Se realizaron sin seguir las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones de la Provincia. Se descubrió que el nombre comercial de ambos negocios corresponde a una Sociedad de Hecho con CUIT Nº 30-67314050-1, integrada por un funcionario municipal.
