Concejales quijaneños aprobaron la formación de una Comisión de Disciplina y Juicio Político para investigar la rendición de cuentas 2022. Con el voto de desempate del presidente del Concejo, Ariel Gallardo, se dio luz verde a esta etapa crucial que podría llevar a la destitución del jefe municipal.
En la sesión ordinaria del martes pasado, el Concejo Deliberante de Campo Quijano aprobó un proyecto de resolución que instituye la Comisión de Disciplina y Juicio Político. La iniciativa se centra en investigar la presunta falta del cumplimiento del artículo 41 y el artículo 69 inciso 20 de la ley 8.126 por parte del actual intendente, Carlos Folloni. El principal argumento detrás del pedido de juicio político está vinculado a la rendición del período contable correspondiente al año fiscal 2022 antes del 30 de junio, un requisito establecido por la ley 8.126.
Ariel Gallardo, presidente del Concejo Deliberante, expresó que la Comisión de Disciplina y Juicio Político llevará a cabo una breve investigación, ya que hasta el momento no se ha presentado ningún expediente al respecto. Las reuniones de la comisión se realizarán los días miércoles a las 10 de la mañana, y su tarea principal será investigar a fondo los hechos relacionados con la presunta falta del intendente en la presentación de la rendición de cuentas.
El proceso de juicio político requerirá el voto de dos tercios de los miembros del Concejo Deliberante, según lo estipulado por la ley, y se llevará a cabo una vez que la Comisión de Disciplina y Juicio Político haya concluido su investigación. Los resultados de esta votación podrían tener un impacto significativo en la política local y definir el futuro del intendente Carlos Folloni.
Ahora la ciudadanía de Campo Quijano espera una resolución justa y equitativa que asegure el bienestar y la estabilidad del municipio en esta coyuntura política, considerando los problemas recientes con el antecesor de Folloni, Manuel Cornejo, quien fue sentenciado por la justicia por un millonario fraude al Estado y enfrenta seis años y cuatro meses de cárcel, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
