viernes 29 de marzo de 2024
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Salta

Jueces salteños se oponen al proyecto que reduce sus jubilaciones de privilegio

Salta junto a otras 10 provincias transfirieron sus cajas de jubilaciones provinciales a la Nación, con lo cual los magistrados serán alcanzados por la iniciativa del presidente Alberto Fernández. Ya hubo un pronunciamiento de rechazo a la misma.

¿Por qué una ley nacional destinada a reducir lo que cobran los jueces federales y nacionales de los fondos de la Anses afecta a los jueces provinciales? Porque hay 11 provincias que en diferentes épocas desde la década del 90 transfirieron sus cajas de jubilaciones provinciales al Estado nacional. Esos distritos son ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, San Juan y Salta.

A las 11 provincias afectadas automáticamente se le suman el resto, porque los gobernadores afines al Gobierno podrían promover legislaciones similares de modo de atender sus problemas locales y reducir el déficit de las cajas provinciales.

En ese marco, la Federación Argentina de la Magistratura que reúne a los jueces provinciales emitió un pronunciamiento en el que considera que la iniciativa es violatoria de la independencia judicial e inconstitucional. “La FAM reúne a 15.700 funcionarios judiciales de las 24 jurisdicciones incluida la ciudad de Buenos Aires y alcanza a jueces, fiscales y magistrados hasta la categoría de prosecretarios”, sintetizó en su edición de hoy el diario LA NACIÓN.

Ese medio detalló que el pronunciamiento de la FAM fue producto de una reunión de su Consejo de Administración, convocado en la Asociación de magistrados de Corrientes. Allí, medio centenar de jueces y funcionarios que representan a todas las provincias firmaron una declaración en la que señalaron que rechazan el proyecto porque «atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales».

Los jueces buscan participar la semana próxima del debate en comisiones en el Congreso, según dijo a la nacion el presidente de la Federación, Ariel Ariza, que señaló que los argumentos fiscales para promover el proyecto «no parecen tener consistencia». Sostuvo que «si hubiera que hacer esfuerzos del sector estatal deberían ser más extendidos y no limitados al Poder Judicial».

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