Mientras el oficialismo parlamentario evitaba debatir el proyecto de intervención al municipio, la diputada Socorro Villamayor solicitó informes a la justicia el 3 del corriente mes. La respuesta llegó seis días después: el 9 de junio.

Así lo indica el sellado de la Mesa de Entrada de la legislatura provincial. El informe fue solicitado por la presidente de la Comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, quien al pedir informe al Fiscal Eduardo Villada dilató en los hechos el tratamiento del proyecto de intervención del municipio de Aguaray tras el escándalo por el robo de 35 kilómetros de caños del Gasoducto del Noreste en el que está imputado el intendente Jorge Prado.

“El hecho que les imputa el Ministerio Público Fiscal [A Prado y a su secretario de gobierno de apellido Céspedes] consiste en que Prado en su calidad de intendente de Aguaray autorizo la sustracción de caños pertenecientes al Gasoducto GNEA que pasan por el territorio de su municipio. Para ello el intendente emitió en fecha 23 de diciembre del 2019 la Resolución 1215/19 suscripta por Cespedes, a través de la cual otorgó a la empresa OSYP S.A., representada por Diego Andrés Alos, la desafectación de los caños autorizando el desarme, traslado y remediación ambiental para la recuperación del remanente del terreno contaminado, estableciendo un plazo de 60 días para que la empresa proceda a llevar adelante el proceso de saneamiento ambiental, cabe destacar que dicha resolución fue emitida en respuesta a una solicitud realizada por el presidente de la OSYP S.A. de desafectación y extracción de cañerías de petróleo de gasoducto en desuso y abandonados”, dice la segunda foja del informe remitido por el fiscal a la diputada Villamayor.

A continuación, Villada precisa que el día 18 de mayo el intendente y su secretario de gobierno fueron notificados formalmente del delito que se les imputa: “Fraude en perjuicio de la Administración Pública y robo”, al tiempo que ese mismo día se le celebraron las siguientes medidas de coerción: la obligación de someterse el proceso, abstenerse de entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país. Lo que Villada evitó responder en nombre de la prudencia, es la estimación del daño o perjuicio provocado por el presunto ilícito. Sí aclaró que el Ministerio Público dio intervención a la empresa del estado IEASA S.A. para que constate si los daños pertenecen al gasoducto GNEA que desde el año 2017 denuncia sustracción de caños.

Varios diputados creen que en la sesión de diputados del martes 30 de junio se tratará el proyecto que prevé la intervención del municipio. Así lo expresó, por ejemplo, el diputado provincial por capital, Julio Moreno: “el próximo martes vamos a debatir la intervención de Aguaray, no se puede quedar en los bloques o en las reuniones de partido, es importante. Ese va a ser un tema estrella” adelantó el fin de semana por Radio Cadena Máxima.