Instituto Provincial de Salud de Salta | Millones para auditor privado y deudas para prestadores de la salud

Gladis Sánchez.

Hay problemas en la liquidación de los servicios prestados y el organismo aduce una privatización encarada por el propio directorio. Gladis Sánchez, presidenta del IPS, concentra los regaños.

Los comunicados de Colegios Profesionales se repiten. El viernes el de Bioquímicos informó a sus afiliados que el IPSS tercerizó la auditoría de los prestadores e informó “algunos débitos, quedando gran parte sin esclarecer, por lo que no se podía realizar la liquidación período 06/2021. En consiguiente hemos negociado con las autoridades de esa obra social para que se realice un pago parcial (90%) hasta que se pueda resolver dicho inconveniente”.

Ayer fue el turno del Colegio de Psicólogos. La preocupación era la misma: la falta de pagos; la respuesta también: el IPSS tercerizó el servicio de revisación de las facturaciones; la empresa entregó las planillas de débito del periodo junio de 2021 que se encuentran en proceso de revisión; el IPSS abonaría pagos preventivos con “determinado porcentaje”; y el colegio gestionó una reunión urgente con la presidenta del organismo, la Dra. Gladis Sánchez, para ver cómo resuelven el desaguisado. Sánchez es la funcionaria que rubricó el contrato de tercerización.

Para varios trabajadores de la obra social provincial los inconvenientes no son una sorpresa. Lo que no terminan de entender es por qué privatizaron el control de facturas cuando el organismo cuenta con una Auditoría Interna con Auxiliares Administrativos y Auxiliares Médicos que resolverían con pericia las Auditorías Operativas, la Sindicatura General controla las de tipo laboral mientras la Auditoría General de la provincia evalúa todo el proceso cuando el mismo ha concluido. Pero lo cierto es que la privatización está vigente, cuesta unos buenos millones anuales y a la luz de los resultados no funciona bien.

CUARTO accedió a los documentos que lo certifican. La Resolución 381, del 22 de agosto de 2020, formalizó el vínculo entre el IPSS y la empresa “GVO Auditores & Consultores S.A.S.”. El artículo 1° del contrato que se anexó al documento indica que el Instituto “encomienda al estudio y éste acepta la prestación de los servicios de Auditoría y Confección de Estados Contables, Auditoría Operativa y Auditoría Laboral”; el 3° establece que la firma recibiría por la tarea $390.000 (IVA incluido) mensuales; mientras el 4° establecía la duración del contrato: de mayo del año 2020 a abril de 2021. El 31 de agosto pasado el vínculo se actualizó mediante la Resolución 320. En los considerandos se indicó que la empresa presta satisfactoriamente el servicio y que solicitó una “actualización de los valores arancelarios”.

Gladis Sánchez lo consideró factible tras evaluar la situación financiera del organismo y cedió un aumento del 35% que se aprobó mediante una adenda que la funcionaria firmó el 28 de junio de 2021 con el CPN Marcelo Gustavo García en representación de la empresa. La adenda fue de una economía de palabras asombrosa: tras especificar el domicilio de “GVO” –un departamento del edificio ubicado en calle Deán Funes 924– el artículo 1° legalizó el pago mensual de $526.500, cifra retroactiva al 1 de mayo del 2021 y vigente hasta el 30 de abril del año próximo. Traducido: la empresa embolsará $6.312.000 en un año.

Las sospechas no terminan allí. Los trabajadores juran que las tareas que antes realizaban los técnicos del lugar ahora les llega empaquetadas desde la cordobesa “Brindar Salud S.A.S.”, aunque este medio no pudo dar con ningún instrumento legal que pruebe la relación entre la misma el IPSS. Lo que sí podemos afirmar es la negativa de los técnicos del organismo a rubricar las prestaciones que los profesionales remiten al organismo y que éste envía a los auditores externos que, al devolverlas “controladas”, necesitan de la rúbrica de los técnicos locales para efectivizar los pagos correspondientes.

“No podemos firmar algo que autoriza la liquidación cuando vemos que a veces los montos autorizados son muy superiores a los que nosotros vemos y a veces son inferiores a nuestros cálculos. Nosotros debemos identificarnos cuando autorizamos cualquier liquidación. Somos los que ponemos la cara ante las quejas e incluso alguna acción de tipo legal. Mal podemos firmar algo que hicieron personas ajenas al organismo, que no sabemos quiénes son ni cómo hacen su trabajo, pero necesitan de nosotros para legalizar vaya a saber qué”, declararon a CUARTO algunos técnicos consultados.

La inquietud continúa entre los prestadores y los regaños silenciosos envuelven a la presidenta del organismo que cuenta con 280 mil afiliados, tiene relación con más de mil médicos, 700 farmacias, 20 clínicas, varios hospitales y una cantidad enorme de otros prestadores. Todo a cargo de una titular del Directorio que, curiosamente, se enorgullece de haber comenzado su carrera como Auditoría Médica, función que ahora delega en terceros de dudosa pericia.