El ingenio de Orán vuelve a ser noticia por dos obreros detenidos y la sombra de otros 200 despidos. Breve historia de la multinacional fundada en 1918 en EEUU que en 1996 adquirió la empresa que Robustiano Patrón Costas fundó en 1920. (Daniel Avalos)
Del ingenio El Tabacal se pueden decir muchas cosas: por ejemplo que desde su origen se identificó con la modernización de la producción, pero también que la mano dura con que los propietarios manejaron a sus trabajadores ha sido siempre una seña de identidad. Empezó en 1920 cuando el hombre fuerte provincial fundó el ingenio ni bien el arribo del ferrocarril a Orán hizo posible el transporte de la producción al resto del país. No vamos a detenernos en los orígenes del ingenio ni en el perfil del magnate azucarero que llegó a presidir el senado de la nación y era el presidenciable de la oligarquía nacional para las elecciones de 1943, en donde el llamado “fraude patriótico” le garantizaba a salteño ocupar el sillón de Rivadavia.
Sólo pretendemos aquí, dejar sentado cómo los historiadores asociaron a esa figura con la dureza que impuso a sus trabajadores. El francés Alain Rouquié, por ejemplo, lo definió como “un anacrónico patrón de campo que trata a sus peones como esclavos, es para algunos un ´negrero`, contrario a cualquier democracia. Se dice de él incluso que es pro alemán [en referencia a las discusiones en torno a qué posición debía tomar Argentina durante la Segunda Guerra Mundial] porque había empelado como capataces en sus tierras de El Tabacal a los marinos alemanes sobrevivientes del acorazado Graf Spee, hundido en el Río de la Plata en enero de 1940”.
La anécdota sobre los nazis es verosímil pero no inhabilita una certeza que el mismo Rouquié enfatiza bien: Patrón Costas era un industrial y los industriales estaban más interesados a apoyar a EEUU en aquella guerra por la necesidad de contar con bienes de equipamientos que los yanquis estaban en condiciones de suministrar para consolidar el emprendimiento industrial.
Curiosamente, en ese EEUU surgió la multinacional que en 1996 se quedó con el ingenio de Patrón Costas y que sí es objeto central de estas líneas. Ocurrió en 1918, dos años antes de la creación de El Tabacal, en Kansas, EEUU. Fue entonces cuando la Seaboard Corporation adquirió su primer molino según relata la firma en su página web. Exactamente cien años después, el monstruo del norte deglutió para siempre al ingenio fundado por Patrón Costas que pasó a formar parte de un pulpo que fue diversificando sus ramas de producción y expandió su radio de acción a tres continentes.
Tiene sentido. Después de todo, el escenario y la cultura en donde uno y otro habían surgido y se habían desarrollado eran bien distintos. Patrón Costas era el símbolo de una oligarquía regional que aceptó su derrota con la clase mercantil librecambista pampeana a cambio de puestos claves en el gobierno nacional, políticas que le garantizaran mantener su poder en los feudos regionales y protección de la industria azucarera o vitivinícola en medio de un modelo nacional librecambista e inclinado a liquidar la producción local a favor de las corporaciones foráneas.
Crecer para no morir
La Seaboard era una de esas corporaciones foráneas. Y tanto ella como el Estado que la representaba eran dueños de una enorme y complementaria voluntad de Poder. Un tipo de voluntad -diría Friedrich Nietzsche – compuesta por dos elementos fundamentales: conservación y crecimiento, con lo cual, argumentaban, todo aquello que quiera conservarse tiene que crecer.
Así razonaban las corporaciones yanquis y el propio Estado de ese país. La Seaboard se entregó a esa empresa de manera decidida. El relato que la corporación hace de su propia historia lo confirma: entre la compra de aquel primer molino en 1918 y el año 1966, sus esfuerzos se concentraron en expandirse por el interior del territorio estadounidense. Desde 1968 en adelante, en cambio, empezó a practicar lo que ya otras corporaciones norteamericanas ejercitaban desde la década de 1950: emplear sus rentabilidades para expandirse a otros puntos del planeta para así acrecentar los beneficios que al crecer les garantizaran no morir.
La Seaboard, en definitiva, se convirtió en una multinacional y como toda multinacional vio en las fronteras de los estados nacionales y en los gobiernos preocupados por la soberanía de esas naciones los obstáculos a su crecimiento. El poder militar de EEUU corrió al auxilio de esos intereses. El objetivo era sencillo: eliminar los obstáculos al crecimiento de ese capital. Cualquier análisis histórico de ese periodo lo demuestra. El despliegue económico de las multinacionales yanquis corre en paralelo al despliegue militar de EEUU: un millón y medio de militares instalados en 119 países del mundo durante la década del 50; tratados militares que le permitían a EEUU intervenir en 48 naciones en esa misma década; 14 países en esos años que recibían ayuda bélica norteamericana, cifra que subió a 69 en la década del 60.
Poder económico, político y militar que disciplinaba a punta de intervenciones militares y golpes de estado a los gobiernos que en nombre de sus pueblos se oponían a esos intereses. Intereses, además, siempre dispuestos a apoyar a gobiernos dóciles que abrieran las fronteras a los nuevos conglomerados económicos, diseñaran un sistema legal que les facilitara el saqueo y que se autoimpusieran una pérdida de facultades a fin de no incomodar a los que ya se presentaban como los agentes del desarrollo.
Por eso mismo surgió en ese mismo periodo el llamado desarrollismo. Definamos esa doctrina sin recurrir a la teoría. Para los objetivos de estas líneas alcanza con echar mano de los discursos en los que Juan Carlos Romero primero y Juan Manuel Urtubey después basaron su defensa de la Seaboard Corporation en Orán. La fórmula que emplearon es más o menos así: reconocer que existen países centrales y periféricos; decir que los objetivos de sus gobiernos es lograr que la periferia arcaica que hoy somos devenga en Estado moderno; para lograrlo nos dijeron hay que importar los modernos sistemas de producción del primer mundo; para conseguirlo nos aseguraron que había que poner al estado provincial al servicio de esas firmas que al ingresar a nuestra provincia nos ayudaría a salir del idiotismo tercermundista para depositarnos en la civilidad primermundista.
Lógicas como esta explican el desarrollo de la Seaboard desde el año 1968. En ese año, su página web identifica el primer desembarco de la corporación en un país distinto al de EEUU: Sierra Leona. Un año después ya tiene sede en Guyana. En los 70, Nigeria, Liberia y Ecuador le abren sus puertas. En los 80, el Caribe y América Central. El monstruo no ha parado de crecer y su presente es bastante impresionante: dieciséis sedes en trece estados norteamericanos, dos en Canadá, dos en México, una en Guatemala, dos en Honduras, una en Nicaragua, una en Costa Rica, otra en Panamá, ocho sedes en seis países del Caribe, catorce en el continente africano, dieciséis repartidas en ocho países de América Latina.
La ramificación por el planeta fue de tal magnitud que la Seabord concluyó en 1983 que a su original actividad, dedicada a la producción de productos porcinos (Seaboard Foods), debía complementarla con una compañía marítima que trasportara las mercancías de un país a otro. Es a lo que se dedica la Seaboard Marine con una flota de 40 barcos y 50.000 contenedores que unen por mar a EEUU con otros 25 países.
El desembarco
La Seabord llega a Orán en los 90. Era la primera y única presencia de la compañía en nuestro país. Lo hizo adquiriendo el ingenio que alguna vez manejó con mano de hierro Patrón Costas y que entonces agonizaba por las deudas y una caída de la producción provocada por el ingreso indiscriminado de azúcar brasileña que el menemismo posibilitó.
Llegó cuando la ramificación planetaria ya era un hecho, cuando la diversificación de sus actividades también y cuando estaba en auge los commodities. Lo último la deslizó a incursionar en la comercialización y procesamiento de granos que la web oficial del ingenio El Tabacal ubica en el rubro “Otros importantes negocios”. Eso no fue todo: cuando el Estado nacional lanzó en el 2009 el programa que establece la obligación de incorporar bioetanol a los combustibles, la Seaboard pudo decir que sí, que, después de todo, en marzo de 2008 había creado el High Plains Bionergy produciendo 120 millones anuales de biodiesel en una planta de Oklahoma.
Esa situación explica por qué a una empresa que nunca le fue mal, le fue asombrosamente mejor desde el año 2009 consolidando una tendencia que se inauguró en 1996: aumento de la producción local, incremento de hectáreas netas de caña propia, incremento de toneladas de azúcar, incremento de la capacidad fabril, aumento de la producción de alcohol y producción de energía eléctrica y biocombustible que supusieron la incorporación de nuevas plantas.
Palo, bala y criminalización
En el año 2009 también se produce algo inédito: un intenso conflicto gremial que empezaría a reeditarse año a año. La Seabord no sabía de conflictos porque la última gran huelga ocurrida allí fue en diciembre de 1990 y que según relató la periodista oranense Silvana Brezzina, estalló tras seis meses consecutivos sin cobrar sueldos. Eran tiempos en donde la administración estaba en manos de los hijos del fundador del ingenio quienes finalmente lo llevaron a la quiebra y aquellas protestas instauraron la novedosa modalidad del corte de ruta piquetero.
Hecho el breve rodeo, digamos ahora que la huelga del 2009 evidenciaba algo también inédito: una clara renovación de la dirigencia gremial en los distintos ingenios de Salta y Jujuy que tras luchas permanentes lograron algo más inédito aún: que a partir del año 2012 los trabajadores del azúcar salto – jujeños lograran salarios más elevados que el de los tucumanos.
La reacción de la Seabord que cuenta con la complicidad del Estado fue doble: represiones violentas por un lado y judicialización de los trabajadores que protestan. Sobre lo primero se sabe bastante. Precisemos las características de lo segundo y para ello recordemos lo ocurrido en abril del 2017 y que tuvo como protagonista a un abogado poderoso: Horacio Aguilar, el amigo personal del gobernador Juan Manuel Urtubey y defensor de Pedro Blaquier -propietario del Ingenio Ledesma- cuando a éste último lo juzgaron por colaborar con la dictadura militar en los tristemente célebres “Apagones de Ledesma” de 1976.
Aguilar lideró hace un año la ofensiva de El Tabacal para descabezar a la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar que incluía al Secretario General, Martín Olivera, y otros tres trabajadores. Desde que Olivera asumió la conducción del sindicato en el 2008 la relación con la patronal estuvo atravesada por el conflicto que inclino a la empresa a la obsesión de desarticular al sindicato ejecutando movimientos recurrentes: sancionar a trabajadores cercanos a la conducción, discriminar delegados e iniciar causas penales contra los dirigentes.
La arremetida judicial del año pasado se inscribía en esa estrategia aunque en un escenario político nuevo: el macrismo. De allí que el experto en desmenuzar las leyes y contactar jueces poderosos dispuestos a concluir lo que él desea, no se contentó con denunciar a trabajadores sino a solicitar a la Justicia que retire la tutela sindical a los miembros de la comisión directiva para así poder despedirlos. La página 2 del documento era clara: “Conforme lo adelantado, la presente tiene por objeto la resolución judicial de Exclusión de la Tutela Sindical establecida en el art. 52 de la Ley 23.551 a los fines de permitir el despido con causa a cada uno de los denunciados en los términos del art. 242 de la Ley 20.744”.
La pretensión era demasiado hasta para la justicia provincial que no hizo lugar al pedido pero quedaba claro que la elaboración de listas negras también es un recurso al que la firma echa mano sin complejos. Listas negras que nunca suponen un ataque fulminante y frontal contra los trabajadores, sino un paciente y demoledor trabajo de privar al actor irritante de los recursos indispensables para la supervivencia misma. A veces, para quebrarlo en su moral a fin de disciplinarlo; otras, directamente para eliminarlo.
A un año de aquellos hechos y con el cierre del ingenio San Isidro concretado, la arremetida de El Tabacal contra los trabajadores sigue. Más de 160 trabajadores despedidos hace dos meses, la amenaza de otros 200 despedidos nuevos y el recurso de criminalizar la protesta que hoy tiene a dos obreros detenidos bajo una caratula propia de terroristas: “estrago doloso”, figura que se aplica a quienes causan un daño de tan grandes proporciones que genere un peligro común como pueden ser incendios, inundaciones o explosiones. La pena que el Código Penal establece para este tipo de caratulas tiene un mínimo de 3 años y un máximo de 20 años de prisión, razón por la cual suele tratarse de un delito no excarcelable.
