El Gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), complementa y fortalece las estructuras de cada jurisdicción que demande recursos para combatir incendios.
Según el Ministerio de Ambiente, nación desplegó a Córdoba 65 brigadistas nacionales y 7 medios aéreos; a San Luis envió 76 brigadistas nacionales y dos aviones hidrantes; y tres aviones hidrantes para Jujuy, Catamarca y Tucumán, respectivamente. Dado que la actividad del fuego es una realidad dinámica que puede cambiar de manera constante, el ministro de Ambiente resaltó la necesidad de “apelar a la responsabilidad y compromiso de los Estados provinciales, la justicia y los sectores productivos para evitar nuevos focos”.
“El 95 % de los fuegos son intencionales por distintos motivos: por especulación inmobiliaria, por uso y costumbre del sector agropecuario; y eso hace que la situación sea compleja porque no hay precipitaciones y porque hay mucho material combustible acumulado en distintas provincias”, dijo el funcionario en declaraciones a Radio Continental. Y agregó que «la especulación sojera o ganadera en la mayoría de los casos» es la responsable del desmonte.
Cabandié reclamó que la justicia identifique a los responsables, ya que corroboraron en los incendios del Delta de Paraná que “los apagan y a los tres días vuelven a encenderlo». «Nos encantaría saber quiénes son los responsables de los incendios, pero eso le corresponde a la Justicia», sostuvo. “La Justicia tiene que determinar quiénes son los dueños, realizar imputaciones, indagatorias, procesamientos, detenciones en caso de tener todos los elementos para resolver de esa manera, y esto no sucede», denunció.
En ese marco, el Frente de Todos y bloques opositores de la Cámara baja presentaron días atrás un proyecto de ley de protección de los ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales, con el objetivo de terminar con la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras. El proyecto establece la modificación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego para que quede prohibido realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
Estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. Además, en el caso de tratarse de bosque nativos, estas prohibiciones podrán ser extendidas por más tiempo de acuerdo a lo que indique el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia.
