El organismo se presentó como amicus curiae ante el Tribunal de Impugnación de Salta.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se presentó como amicus curiae en defensa de la doctora Miranda Ruiz, quien se desempeña como médica residente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y que fue imputada por realizar un aborto legal.
A traves del Programa Juridico de Género, Diversidad y Derechos Humanos, representado por su responsable, Dra. Analía Mariel Mas, y por la Dra. Maria Julieta Delpech, el INADI se presentó ante el Tribunal de Impugnación de Salta y consideró que Miranda debe ser sobreseída.
«Miranda atendió, junto a un equipo interdisciplinario, a una mujer adulta que solicitó la interrupción legal del embarazo. Luego de constatarse la causal salud y de recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital, se llevó a cabo la práctica, que fue medicamentosa. Todos los pasos realizados constan en la historia clínica. No obstante la legalidad de procedimiento, una familiar denunció a Miranda y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, inició una imputación», aseguró el organismo.
«En este marco, y en tanto que el 30 de diciembre de 2020 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); el Instituto decidió intervenir y expresar su opinión respecto a la inexistencia de todo delito, solicitando se dictara el sobreseimiento de la Dra. Ruiz. En atención a lo que dispone la Ley 27.610 y el Protocolo de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, la conducta de la Dra. Ruiz se ajustó a derecho y, por tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno», sigue un comunicado difundido en las últimas horas.
«Consideramos que este tipo de proceder por parte de la justicia vulnera el acceso a derechos como la IVE, ya que obstaculiza y criminaliza una práctica que es legal en nuestro país y que es un derecho adquirido por las mujeres mujeres y personas gestantes tras años de lucha», agrega.
«El Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a decidir sin miedo. Y para esto es también necesario que los médicos puedan proceder sin temer por su libertad y su futuro profesional», sigue.
