La reunión de ayer entre la multinacional peruana y el gobierno salteño tuvo gusto a nada salvo por un detalle: funcionarios advirtieron que el ingenio ocupado por trabajadores puede ser desalojado para “no entorpecer las negociaciones”. (Daniel Avalos)
La reunión que mantuvo ayer el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y representantes legales del grupo Gloria S.A. se pareció a esos encuentros que reúnen a personas que incapaces de modificar en algo el porvenir, se contentan con pedir resignación cristiana a quienes serán las víctimas de ese porvenir. Los trabajadores del ingenio siguieron los pormenores del encuentro desde las instalaciones que ocupan desde el pasado lunes y concluyeron lo mismo. De allí que ante la pregunta de quien escribe a uno de los ellos sobre la evaluación que hacían al respecto, la respuesta fuera corta y contundente: “Es más de lo mismo. Nos estamos preparando para cualquier cosa”.
El “cualquier cosa” es evidentemente la represión. Una amenaza que no surgió de la nada sino de las lecciones de la historia reciente y las declaraciones vertidas ayer: la del representante legal de la multinacional peruana y ex asesor de la “patota policial salteña” durante la dictadura, Raymundo Sosa, quien informó que los obreros están denunciados por haber “usurpado” la fábrica; la del propio Fernando Yarade quien aseguró que “la toma” no favorece las “negociaciones”; y la del ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, quien advirtió que si la justicia lo ordena, la fábrica será desalojada.
Aunque sutiles, los mencionados no anduvieron con dobles discursos para remarcar lo que se viene. De allí que haya que esforzarse mucho para no preguntarse si lo que ocurre no supone una reedición de situaciones que la provincia ya vivió en aquellos años donde el país también se deshilachaba. Hablamos de los años 90. Esos en donde una YPF privatizada ocasionó el cierre de varios emprendimientos en el norte provincial que incrementó los desempleados; desempleados que pasaron de hacer huelgas a cortar rutas y tomar instalaciones que durante años se convirtieron en escenarios de luchas, represión y hasta de muerte.
Todos sabemos ya que en el valle de Siancas la situación está caldeada. Todo empezó en enero cuando el Grupo Gloria anunció el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis que disparatadamente se inauguró con el cierre a secas del ingenio y el despido de 720 trabajadores que dos meses después, vieron como el Estado nacional legalizaba lo actuado por la multinacional. Trabajadores optaron entonces por negociaciones y marchas de todo tipo aunque ninguna de ellas arrojó resultados positivos.
La semana pasada la situación empezó a tensionarse. En ello mucho tuvo que ver un hecho central: los tiempos de la zafra se agotan y los llamados cañeros independientes venderán su producción a ingenios de la región confirmando así que la materia prima fundamental de un ingenio – la caña de azúcar – partirá a otros rumbos. Una imposibilidad material que sumada a la legal, angustia a los trabajadores que evalúan que la posibilidad de volver al trabajo se evapora, como también empieza a evaporarse el dinero con que vienen subsistiendo y que es magro por otra ilegalidad fabril: haber pagado sólo el 50% de las indemnizaciones.
La semana pasada, decíamos, los alertas se encendieron: el tono de voz entre angustiado y furioso del secretario general del gremio, Mariano Cuenca, denotaba que la desesperación empezaba a adueñarse de los despedidos; el diputado provincial por el departamento de General Güemes, Germán Ralle, dejó de lado su oficialismo “U” en este punto y pidió que el gobierno garantice la expropiación para ser el Estado y no la firma quien oferte el emprendimiento a otros agentes privados; mientras el presidente de la Cámara de Diputados advertía que de no resolverse la cuestión con la ayuda de la Casa Rosada la situación terminaría mal.
Otra vez las imágenes de los 90 sobrevuelan. La razón de ello es fácil de verbalizar: la situación de Campo Santo es similar a la de aquellos años desgraciados. Entre otras cosas porque los obreros viven la misma tragedia de los obreros de aquellos años: son vomitados del mundo del trabajo. Ello supone que ya no pueden reclamar con el corte de la producción que es lo que define el derecho de huelga que los asiste; con lo cual los ahora desocupados se quedan con el recurso de ocupar la fábrica para exigir que alguien la ponga en marcha; o con el recurso no menos conocido de obstaculizar la circulación de mercancías que es lo que define a un corte de ruta. Acciones desesperadas que siempre desliza al Poder a jurar que entienden el motivo del reclamo aunque califiquen de salvaje el método utilizado.
La direccionalidad que toman los hechos exige entonces que dirijamos la mirada a lo que ocurre en Campo Santo y que a la mirada la acompañe un relato que denuncie cómo se recrean situaciones indeseadas. Si es necesario, que el relato sea terrible, amargo y hasta siniestro. Después de todo, es un recurso al que se puede echar mano para advertir al Estado provincial lo brutal que resulta abandonar durante meses a 720 trabajadores y luego pretender ir al encuentro de ellos con palos, gases y balas de goma. Situación que confirma la vigencia de una sentencia popularizada por ese personaje enorme de las historietas argentinas que es Mafalda: cuando las ideas de los gobiernos son cortas, lo único largo que les queda son las cachiporras.
