Víctor Claros lo contrató para reclamar el pago de millones de pesos por vacaciones. El letrado representa a grandes empresas, defendió a Pedro Blaquier y fue Juez de Corte. Vínculos con el poder y polémico rol en el caso de las turistas francesas.
El desaguisado por el monto de las vacaciones del ex rector Víctor Claros comenzó en marzo del año en curso. Ese mes el gremio de los docentes e investigadores de la U.N.Sa. aseguró que el rector fue autorizado mediante resolución a cobrar licencias atrasadas cuyo monto ascendía a más de 4 millones de pesos. El gremio cuestionaba la cifra en sí misma, pero también advertía que – tal como rige para los docentes universitarios – el no usufructo de las licencias en los plazos establecidos determina la pérdida de la mismas.
Víctor Claros – rector en ese entonces – atribuyó todo al clima proselitista que atravesaba a la institución y negaba que las cifras mencionadas fueran ciertas. El viernes pasado varios se sorprendieron cuando el Nuevo Diario dio cuenta del embargo de las “cuentas de la UNSa por el reclamo del ex rector Víctor Claros”. La cifra asciende a 8.370.896 pesos equivalente “a la deuda salarial reclamada en concepto de vacaciones no tomadas” por Claros. Quien dispuso el embargo fue el juez federal Julio Bavio que por un lado suspendió el pago reclamado por Claros y por otro embargó a la universidad que adelantó que apelará la medida que incluye 335.000 pesos en concepto de gastos judiciales.
El abogado del Rector manifestó que “la universidad ahora tendrá que pagar las costas del juicio, los intereses y los daños y perjuicios generados por la decisión de no honrar una deuda que ya estaba reconocida, incluso por dos sesiones del Consejo Superior”. Lo que pasó desapercibido fue la identidad del letrado: Horacio Aguilar, el hasta hace poco Juez de la Corte de Justicia de Salta y que en abril del 2022 renunció a esa condición para dedicarse a la actividad privada. Dicen quienes saben que al poderosos abogado siempre le resultó más redituable ese ámbito laboral que una banca en el máximo tribunal de justicia salteño en donde los salarios son bien impresionantes para los hombres y mujeres comunes y corrientes.
La versión resulta verosímil a la luz de la biografía del letrado que en este medio ya recreamos y acá resumiremos en lo central. La misma comenzó a visibilizarse en los primeros meses del gobierno del Juan Manuel Urtubey. Y es que el vínculo entre el ex mandatario y el abogado tienen décadas. Ambos egresaron del Bachillerato Humanista Moderno y partieron a Buenos Aires a estudiar abogacía. Quienes los conocieron confirman que compartieron departamento a fines de la década del 80 y principios de los 90 y rememoran que los amigos denominaban al “depto” el “marcelote” por estar ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear de la CABA.
A los jóvenes no les fue mal. En 1995 Juan Manuel Urtubey comienza a ascender en la administración del Estado salteño bajo el padrinazgo del gobernador Juan Carlos Romero mientras Aguilar escalaba posiciones en el Poder Judicial hasta llegar a desempeñarse como Juez Federal de Juzgado de Jujuy Nº2 entre 2002 y 2004, año en que devino camarista federal de Salta, cargo que desempeñó hasta 2009.
De Blaquier a las francesas
Como juez federal jujeño mereció el reproche de los organismos de DDHH de aquella provincia que acusaron al juzgado de obstaculizar los procesos judiciales a genocidas. De allí que cuando en abril de 2011 el zar azucarero Pedro Blaquier lo contratara para defenderlo en la causa que lo vinculaba a los “Apagones de Ledesma” que produjeron docenas de secuestros y no pocos desaparecidos, los organismos jujeños denunciaran el bochorno fragante: un exjuez que tuvo acceso a expedientes relacionados con el terrorismo de Estado estaba en condiciones de usarlos para defender a un millonario acusado de colaborar en esos crímenes. Es más, cuando el 26 de abril de 2011 la justicia ordenó distintos allanamientos por la causa Ledesma, uno de ellos se realizó en la mansión que el Ingenio posee en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy. Allí se dieron con expedientes de militantes sindicales que luchaban contra el ingenio Ledesma en los 70 y también con el propio Horacio Aguilar.
Con respecto a los vínculos contractuales entre Aguilar y Urtubey, los mismos comenzaron en abril de 2009 cuando el letrado había dejado la Cámara Federal salteña para “dedicarse al libre ejercicio de la profesión de abogado”. Lo certifica el decreto 1.261/09 que convertía al amigo del gobernador en asesor del gobierno en asuntos relacionados con el “Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”. La cláusula segunda del anexo del contrato establecía que los entonces Secretario General de la Gobernación y Secretario Legal y Técnicos harían de nexo entre Urtubey y el estudio jurídico de Aguilar. Esos funcionarios eran Ernesto Sansón quien luego se convertiría en Juez de Corte y Ramiro Simón Padrós, quien se convirtió Secretario General de la Gobernación de Urtubey y al que todos señalaban como el diagramador de la colonización de la Justicia “U”. Como se ve, las relaciones entre Aguilar con la cúpula y los operadores de la justicia se aceitaron hace años.
El vínculo entre los amigos se prorrogó hasta 2011 por los decretos 1.443/10 y 1.048/11 respectivamente. Fue entonces cuando Aguilar asumió la defensa de Blaquier y renunció al vínculo contractual con el gobierno. El vacío fue ocupado por su hermano Julián Marcelo Aguilar quien entonces se convirtió en el “Consultor” al rubricar los contratos redactados en iguales términos al celebrado con Horacio, tal como lo corroboran los decretos 1.785/12 y 1.397/13 que extendieron el vínculo al menos hasta 2014.
Hay otra perla en el currículum de Horacio Aguilar: a fines del año 2011 asumió la representación de Michel Bouvier, padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta. El vínculo duró dos años hasta que el francés descubrió la amistad entre su abogado y el gobernador, lo que parecía explicar por qué Aguilar solía defender lo actuado por el gobierno provincial y asegurar que la investigación del horrendo crimen transitaba por buenos caminos aunque finalmente se conociera que fue toda una vergüenza.
Abogado azucarero
Famoso en el ambiente por su capacidad para desmenuzar las leyes y contactar jueces que suelen fallar conforme a los intereses del letrado, Aguilar volvió a ser noticia entre abril y mayo del año 2017 cuando buscó descabezar al Sindicato de Trabajadores del Azúcar del ingenio El Tabacal con un pedido simple y siniestro: como abogado de la multinacional Seaboard Corporation solicitó a la Justicia quitar la tutela sindical a los miembros de la comisión directiva del sindicato para poder despedirlos.
La actuación del Ingenio en ese entonces se enmarcaba en una estrategia común a los ingenios de Salta y Jujuy que desde el 2008 vieron cómo las nuevas conducciones sindicales dieron notable impulso a la acción colectiva. El proceso supuso en las dos provincias una recuperación del salario real y de la discusión colectiva sobre las condiciones de trabajo, designación de delegados en los lugares de trabajo y un notable fortalecimiento de los gremios como espacio de articulación social tanto en Orán y Campo Santo en Salta, como en Ledesma y La Mendieta en Jujuy. La presentación judicial de Horacio Aguilar en aquel año buscaba modificar esa situación que finalmente se logró un año después cuando el Grupo peruano Gloria abandonó de un día para el otro el Ingenio San Isidro de Campo Santo, hecho que sí logro disciplinar a los trabajadores del azúcar.
De Aguilar se supo poco desde entonces y muchos creyeron que concluido el mandato de Urtubey, el apellido dejaría de retumbar en los lustrosos pasillos judiciales. Quienes así pensaban se equivocaron. El gobierno de Gustavo Sáenz lo propuso como Juez de Corte. La conclusión a la que arribaron muchos fue la obvia: el acuerdo entre el ex y el actual gobernador posibilitaba que algo de Urtubey todavía quedara en la provincia. Ello duro hasta el pasado mes de abril cuando Aguilar finalmente renunció al cargo y se nombró a un reemplazante sin vasos comunicantes con el apellido Urtubey. Los breves considerandos del decreto que acepta el apartamiento del poderoso abogado especifica que las razones de la renuncia a cuestiones de “índole particular” que para algunos puede definirse así: los beneficios son muchos más jugosos por afuera que dentro del Estado y sin que ello atente contra los vínculos políticos y judiciales montados a lo largo de años.
Ahora Aguilar volvió a reaparecer. Curiosamente al servicio de un ex Rector que reclama millones de pesos por vacaciones que según dice no pudo tomar por estar muy atareados en la gestión. Habrá que admitir, no obstante, que la situación habla más de Víctor Claros y de la Universidad Nacional de Salta en tanto cada vez se parecen más a aquella institución que los estudiantes de la Reforma de 1918 querían dejar atrás por haber llegado a ser “el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil” y en donde cada día había una vergüenza más.
