Los ejemplares eran del Centro Editor de América Latina (CEAL). Incluía ejemplares de Marx, Lenin, Mao, Sartre, Perón, Cortázar y García Márquez, o María Elena Walsh. Historia del juez que la ordenó.
Un largo escrito fue rubricado por Julián Axat en el sitio El Cohete a la Luna. La vida de Julián tuvo un cruce trágico con el juez que ordenó la quema. Cuando sus padre fueron desaparecidos por la dictadura en abril de 1977, el abuelo paterno de Julián presentó un hábeas corpus ante el entonces juez Héctor Gustavo de la Serna Quevedo quien rechazo el pedido.
El 30 de agosto de 1980 el mismo juez ordenó la quema de libros. Héctor Gustavo de la Serna Quevedo había nacido en 1926 en Catamarca. Hijo de un militar de alto rango, huérfano desde los ocho años, hizo la carrera militar hasta que fue dado de baja por ser parte de la intentona de alzamientos anteriores a 1955. Recibido de abogado a los cuarenta años, fue designado por Juan Carlos Onganía como interventor del Servicio Penitenciario y, más tarde, por la dictadura cívico-militar como juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 1983.
De la Serna fue conocido por darle cobertura judicial a secuestros y desapariciones, rechazar hábeas corpus, imponer costas a familiares de esos desaparecidos y por ser pieza central en uno de los hechos más graves contra la cultura de este país. El 7 de diciembre de 1978 los depósitos del Centro Editor de América Latina (CEAL) en Avellaneda fueron allanados y clausurados bajo la acusación de infringir la ley 20.840. “Por entonces, el valiente editor Boris Spivacow, junto con su abogado, se atrevieron a dirigirse hasta el despacho de de la Serna para evitar el atropello. Pero allí, atónitos, recibieron una filípica sobre “filología de la disgregación social”, fundamento que se materializó en el decomiso del 30 de agosto de 1980. Ese día, en un terreno baldío de Sarandí, un millón y medio de libros ardieron frente a la mirada del juez”, recordó Julián Axat.
El acta judicial que ordena la quema, firmada y sellada por de la Serna fue rescatada hace unos años gracias al trabajo de archivo del grupo La Grieta de La Plata. Como diría Walter Benjamin, el expediente judicial representa toda una pieza de la barbarie que, a su vez, expone la negación-destrucción cultural de la dictadura hacia determinados libros, entre los que figuraban Marx, Lenin, Mao, Sartre, Perón, Cortázar y García Márquez, pero especialmente libros infantiles como los de Elsa Bornemann o María Elena Walsh.
El juez de la dictadura falleció el 8 de mayo de 2012 y mereció un montaje-recordatorio donde aparece como “poeta, docente y filósofo”. Nada se dice sobre su nefasto rol de juez. Así lo recordó el diario El Día de La Plata que – lamenta Julián Axat – lo reconoció como poeta. “¿Cómo compatibilizar la quema de libros con la poesía? ¿Cuál es el lugar del juez verdugo y cuál el de la poesía frente al mal?” se preguntaba el autor de la nota.
“Como detective literario, salí en su búsqueda. Indagué en catálogos de Internet, donde no figuraba; recorrí librerías de viejo y consulté en bibliotecas de La Plata. Hasta que, un día, encontré un único ejemplar de Poesía y Meditación, Ediciones Almafuerte (1996). La tapa lleva una imagen de la bóveda de la catedral platense, por lo que ya se aprecia un tono cruzado y, en la solapa, la siguiente caracterización: “Crítico preocupado por las ideas disolventes en que se ha encarnado la sociedad”. La serie de versos son de una lírica confesional trillada, hálito meditabundo de burócrata jubilado que se paga una edición para despuntar culpas y rendir cuentas con los fantasmas que lo persiguen y ante los que se justifica”, concluyó Axat.
