Gustavo Farquharson.

El delegado provincial del INADI celebró el fallo de la CIDH que insta al Estado argentino a capacitar a la policía contra la discriminación. “Nuestra delegación se pone al servicio del Estado provincial para lograrlo”, manifestó.

El 14 de octubre de este mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a raíz de un caso ocurrido en 1996. El titular de la delegación Salta del INADI – Gustavo Farquharson – relató el caso en su habitual columna de los días lunes en Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104.5) y luego explicó las posibilidades que ello abre para la situación provincial. Recordó que José Delfín Acosta Martínez era un afrodescendiente de nacionalidad uruguaya que fue arrestado en la madrugada del 5 de abril de 1996 a la salida de un local bailable, en CABA. Los policías que lo detuvieron aseguraron que Acosta Martínez se encontraba ebrio y que por ello fue trasladado a una comisaría, junto a otras dos personas también afrodescendientes.

Municipalidad de Salta

“Acosta Martínez fue golpeado y murió camino al hospital”, manifestó el funcionario. A la hora de valorar el fallo de la CIDH, Farquharson aseguró que se trató “de algo muy importante y contundente. Citó: ‘el Estado argentino es responsable por la violación a los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad personal, igualdad y no discriminación del señor José Delfín Acosta Martínez’. De esta manera, ordena a nuestro país a capacitar a las fuerzas de todo el país en materia de antidiscriminación. En definitiva, estamos ante un caso que visibiliza un patrón grave de violencia policial que se despliega sobre determinados perfiles raciales y que demuestran un carácter racista que hay en el accionar de algunas fuerzas policiales”, dijo el funcionario. En ese punto, dijo que desde el INADI celebraron el fallo y se comprometen a trabajar para hacer efectiva las capacitaciones en todas las provincias.

“Desde el INADI central y en todas las delegaciones, creemos que es muy importante. Son temas de los que ya estuvimos hablando. No hemos manifestado en su momento en contra del decreto 255 de Salta, en nuestra provincia tenemos una larga historia de abusos policiales y de violencia institucional. Además, siempre que ocurren casos como estos se dice que son hechos aislados o se sale en defensa de la institución de manera muy acrítica. Institución policial a la que nosotros valoramos y creemos que no es toda, pero tiene que haber un espíritu más democrático y con una perspectiva de derechos humanos antidiscriminatoria. Por eso insistimos en la necesidad de capacitar. Recordemos que hoy hay efectivos que salen a la calle armados después de un curso de seis meses. No tiene nada de malo profesionalizar a esas fuerzas. Por eso festejamos este fallo que viene después de mucho tiempo, pero nos permitirá comenzar un trabajo de capacitación. Nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades locales para llevar adelante este trabajo que también involucra a organismos de derechos humanos. Pero definitivamente la violencia policial se erradica con voluntad política”, cerró su columna el funcionario nacional.