Se multiplican las versiones sobre cómo los controles se refuerzan en los barrios populares, pero no en los de clase media y alta. El Delegado local del INADI se refirió al tema. Dio las vías de contactos para hacer consultas y denuncias al respecto.
En Salta y el país se suceden las denuncias por las redes sociales sobre la existencia de sectores que se resisten a las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional. También que, ante ello, los controles policiales se refuerzan en los barrios populares y son más flexibles en los acomodados. Salta no es la excepción y ante ello CUARTO se comunicó telefónicamente con el Delegado local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
“Estamos al tanto de ello porque desde el INADI estamos haciendo distintos tipos de seguimientos: desde la forma en que los medios tratan el tema hasta el relevamiento de lo que la población denuncia en las redes sociales para actuar cuando tengamos los elementos suficientes. Por lo pronto hay que enfatizar que la cuarentena, el aislamiento social, preventivo y obligatorio es para toda la población, sin distinción por motivos de color, origen social, posición económica, u otra condición, salvo algunas excepciones que están estipuladas en el decreto del Presidente Alberto Fernández. Tenemos que tomar conciencia de que el virus COVID-19 no discrimina y por lo tanto no debe haber acuarentenados de primera y segunda clase en Salta ni en el país”, sentenció.
En ese sentido, Farquharson fue enfático: “solicitamos que no se circunscriban los operativos y controles de las fuerzas de seguridad solo en los barrios populares de Salta, sino que se lleven adelante en todos los sectores de la ciudad y de la provincia sin olvidar que en los sectores más vulnerables se necesita una mayor asistencia del Estado, ya que preexisten problemáticas sociales y económicas muy complejas que se profundizaron con la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo entero, a partir de la pandemia”, remarcó en relación a otra de las variables que también empiezan a preocupar a distintos analistas del país: las dificultades reales que tiene el congelamiento de la economía entre los sectores que viven en la informalidad que no comen sino trabajan y que en Salta alcanza a una franja enorme de la población.
Finalmente, el delegado local del Instituto dejó las vías de contactos en donde la ciudadanía puede denunciar o hacer consultas sobre violencia institucional: 0800-999-2345 (INADI); 0800-122-5878 (Sec. DD.HH. Nación)
