Hasta el año pasado se habían desmontado casi un millón y medio de hectáreas en menos de veinte años.
La agrupación Greenpeace aseguró este miércoles que las zonas inundadas en los últimos días en la provincia coinciden con los territorios donde se realizó la mayor cantidad de desmontes.
A través de un comunicado, Greenpeace expresó su preocupación y solidaridad con las comunidades afectadas de Anta y San Martín y señaló que esos departamentos fueron los que tuvieron la tasa más alta de deforestación en la provincia.
“El agua pasa sin freno por la finca La Moraleja, donde se desmontaron más de 3 mil hectáreas de alto valor de conservación protegidas por la Ley de Bosques”, describió Noemí Cruz, de la Campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina. “Permitir la destrucción del paraguas natural tiene consecuencias. Las inundaciones que hoy afectan a la zona de Apolinario Saravia son el resultado de la enorme deforestación en la zona”.
Según datos oficiales, en la provincia se desmontaron 1.406.005 de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2017. Los bosques nativos tienen funciones irremplazables para equilibrar los ecosistemas y funcionan como esponja y paraguas naturales para proteger el suelo. Según el INTA, el bosque chaqueño absorbe diez veces más lluvia que los cultivos de soja y tres veces más que la ganadería.
“Es hora de que el gobernador sancione a quienes destruyen los bosques. Además de asistir a los afectados y realizar obras reparadoras, el Estado debe garantizar que los responsables de dañar el bosque que los protegía no sean indultados. Hace más de cuatro meses que Urtubey se comprometió con la Nación a evaluar estos desmontes y aún no se conoció el resultado. Estos crímenes no pueden quedar impunes”, agregó Cruz en el mismo comunicado.
La organización también aseguró que la protección de los bosques en el país corre peligro debido a los fondos que el gobierno de Mauricio Macri quiere destinar a este fin en 2019. “La partida asignada para la protección de los bosques es de 570.500.000 de pesos, con lo que nuevamente se viola lo establecido en la Ley 26.331 en materia de financiamiento, ya que representa sólo el 4 % de lo que la normativa establece, que debería ser el 0,3 % del presupuesto nacional, es decir 12.500 millones de pesos”, finalizó Cruz.
