La aplicación desembarcó en Salta y encendió la polémica por la lucha de “pobres contra pobres”. Ahora se metió el gobierno de la Ciudad para arbitrar.
La aplicación de mensajería Glovo es una empresa transnacional que no tiene asiento legal ni filiación gremial (no hace aportes patronales ni cubre accidentes). A grandes rasgos, se trata de un ‘nuevo trabajo’ precarizado que en lugares donde la crisis sacude a la población, puede servir de opción al estilo de la popularmente conocida “changa”.
Tras su desembarco en Salta, sumado el fantasma de Pedidos Ya, el gremio de cadetes inauguró una serie de protestas contra la aplicación porque consideran que les quita trabajo. “Trabajan con la necesidad: donde ven países con taza de pobreza, entran a hacerse dueños de la necesidad”, sintetizó Carlos Cruz, secretario de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM).
Ante esta situación, el gobierno municipal recogió el guante y tramitó una reunión con Cruz para conocer el cuadro respecto a derechos laborales y normativas vigentes. El secretario de la comuna Ricardo Villada aseguró: “La Municipalidad como organismo ejecutor debe actuar ante distintas situaciones que involucran a la convivencia ciudadana”. Y agregó que van a coordinar “acciones para lograr que la actividad se regularice en todos los ámbitos” y “se promueva la seguridad vial”.
Sin embargo, el panorama es aún más complejo, por cuanto no existe una normativa respecto a este “trabajo 2.0” más allá de los requisitos de seguridad del Código de Transporte. De hecho, la Justicia porteña ordenó a Horacio Rodríguez Larreta que prohibiera de “forma inmediata” el funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya por no respetar los preceptos mencionados.
