Una semana atrás se conocía la elevación a juicio de la causa contra los 4 uniformados que dispararon al rostro del joven en barrio Norte Grande. Hoy una nueva denuncia por abusos de autoridad los tiene en la mira.
Luciano Enrique Cruz, de 19 años, fue acribillado en el rostro por miembros de la policía salteña. Sucedió en febrero pasado, cuando lo detuvieron en barrio Norte Grande. Cuando lo llevaron al hospital los mismos uniformados que lo dejaron tuerto le dijeron: “cagate hijo de puta si perdiste el ojo”.
Por este hecho la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Rómulo Segovia (sargento ayudante), Pablo Exequiel Toledo (sargento), Ignacio Esteban Zurita y Alfonso Néstor Sánchez (ambos cabos). Son todos miembros de la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.
Días después de que se hiciera pública esta noticia, una nueva imputación recae sobre estos cuatro policías. Esta vez por un hecho que tuvo lugar en enero de 2020. Mientras circulaban a bordo del móvil policial 1829, en horas de la mañana, acribillaron con balas de goma a otra persona también en barrio Norte Grande tras incurrir en apremios ilegales.
El relato un tanto confuso que realizan desde el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) indica que esa mañana el denunciante fue alertado sobre la presencia de personal policial fuera de la casa. Eran los politorturadores del barrio. Buscaban al ladrón de una bicicleta. Ingresaron al domicilio sin orden judicial y hallaron a un sospechoso escondido en el techo. Este escapó y los policías insistieron en llevarse detenido al dueño de casa por encubrimiento.
“Una vez que el móvil arrancó, el denunciante relató que uno de los dos policías que iba atrás con él le dio disparos de bala de goma en ambas piernas. Tras esto, el denunciante se tiró en la caja del móvil y uno de ellos le pisó la cabeza”, aseguran desde el MPFS, donde también detallan que la fiscal Simesen de Bielke sostuvo que “los hechos fueron corroborados con la denuncia del damnificado, testimoniales de testigos presenciales y certificados médicos, la nómina de efectivos que se encontraban en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados”.
