Exempleados de la empresa de electrodomésticos y tecnología, que cerró hace casi tres años, denuncian que el empresario Carlos Rosales les debe nueve meses de sueldo y una indemnización. Este lunes se movilizarán en Buenos Aires y Salta para pedir la quiebra de la firma.
La crisis de Garbarino, la empresa líder en venta de electrodomésticos y tecnología en el país, afectó a más de 3.800 trabajadores, que desde 2021 no cobran sus salarios ni sus indemnizaciones. En Salta, eran más de 100 empleados los que trabajaban en las cuatro sucursales que tenía la firma, que cerró sus puertas durante la pandemia.
Mario Oropeza, uno de los extrabajadores de Garbarino en Salta, contó a la prensa local la situación que están viviendo. “Lo único que queremos es cobrar, nos llena de bronca, tristeza e impotencia”, expresó el hombre de más de 50 años, que no pudo reinsertarse laboralmente.
Según Oropeza, el responsable de esta situación es Carlos Rosales, el empresario que compró la empresa a los hermanos Garbarino en la última etapa. “No sabemos con qué porque no tenía plata, firmó papeles únicamente y lo hizo en las oficinas del sindicato de empleados de comercio, que lidera Armando Cavalieri”, relató a Radio Salta.
Oropeza dijo que Rosales es un extesorero del Club Atlético San Lorenzo, ligado a Marcelo Tinelli, y que tiene vínculos con el gobierno actual. “Desde que se hizo cargo no hemos percibido plata”, afirmó.
La causa está en manos del juez Fernando D’Alessandro, de Capital Federal, quien dictó una convocatoria de acreedores y dispuso que se destine el 3% de la recaudación actual de Garbarino al pago de los trabajadores. “El mes anterior ese número significó 45 mil pesos que se repartieron en 3.800 empleados, algunos recibieron 100 pesos, otros 28 pesos, una burla”, detalló Oropeza.
Ante esta situación, los extrabajadores de Garbarino reclaman que se dicte la quiebra directamente para que Rosales responda con sus bienes o lo poco que queda de bienes activos de la empresa. Este lunes, Día del Empleado de Comercio, se van a movilizar desde el obelisco hacia los tribunales en Buenos Aires y en la Plazoleta IV Siglos en Salta.
Oropeza estimó que la deuda con cada empleado depende de la antigüedad, pero en su caso particular supera los 5 millones de pesos. “Da bronca porque ya van casi tres años y no tenemos solución”, remarcó.