En pleno desfile por las festividades del 25 de Mayo, Greenpeace desplegó un cartel con la leyenda “Urtubey: No al Indulto. #DestruirBosquesEsUnCrimen”. A pocos metros del lugar, la organización elevó un globo aerostático con el mismo mensaje en altura.
La organización realizó esta acción como respuesta a la firma de un acuerdo entre el gobierno de Salta y la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas, ocurrida la semana pasada. Evaluarán, en el plazo de 30 días, si la ejecución de 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo. La evaluación técnica la realizará la provincia en colaboración de los ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación.
“Estamos presentes hoy, una vez más, para defender los bosques y denunciar que el gobierno de Salta junto a estas entidades rurales, pretende «legalizar» crímenes ambientales, con la complicidad de Nación, en vez de hacer lo que la Ley de Bosques ordena y reforestar lo desmontado ilegalmente. Este día nos recuerda que nuestros recursos naturales son nuestro patrimonio y es inadmisible que sean corrompidos por intereses económicos y políticos de unos pocos”. dijo Noemí Cruz, de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Esta revisión impulsada por el gobierno de Salta contradice la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, publicada en el boletín oficial del 24 de enero, que declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Siguiendo la resolución nacional, ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Según el parte de la organización ambientalista, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales constataron que el desmonte continua. Las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas) continúan siendo arrasadas. Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
