“Es un psicópata” | Piden revocar la prisión domiciliaria para médico acusado de pedofilia en Tartagal

José Raúl Coroleu estaba detenido desde enero cuando un joven denunció que había sido abusado durante su niñez y adolescencia por quien era tío político. El abogado de la víctima pidió suspender la medida y apuntó contra el juez que la concedió.

Así lo informó Carlos Iriarte, abogado de L.E.F.K., el joven de 23 años que denunció al pediatra originando una causa por el delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal. El letrado dialogó hoy con el programa CUARTO OSCURO que se emite por FM La Cuerda (104.5) y relató pormenores del caso. “L. hace la denuncia pública el 17 de abril, pero la denuncia en Fiscalía de Violencia Familiar y de Género fue realizada el 13 de enero. La Fiscal inmediatamente le dio trámite y se abren dos expedientes: uno de Violencia Familiar porque el denunciado es familiar político de la víctima y también una causa penal. En el primer expediente, el imputado tenía una restricción de acercamiento a 200 metros que fue violada en solo 24 horas. Ante ello se informó a la policía y lo detuvieron el 22 de enero. Mientras estaba detenido por esa causa, se le dictó la prisión preventiva en la causa por abuso y continuó la detención en la Comisaría 42 de Tartagal hasta el día jueves cuando el juez lo benefició con la prisión domiciliaria”, remarcó Iriarte.

El abogado informó que hoy en la mañana interpuso un Recurso de Apelación en contra de la Resolución que beneficio al imputado por causar un perjuicio irreparable. “Nosotros denunciamos la peligrosidad de Coroleu. Una persona que abusó de un menor desde los dos años y ocho meses hasta aproximadamente los 16 años. L. tiene recuerdos de cuando tenía siete años, aunque existe un informe psicológico del año 2001 – cuando tenía dos años y ocho meses – donde surgen conductas erotizantes no compatibles con la edad o sea que ya venía siendo abusado por este sujeto. Esconder absolutamente todos los rastros es una de las características principales de un psicópata. Los padres no se dan cuenta. Lógicamente, toda su vida L. estuvo con tratamiento psicológico por la imposibilidad de un niño de manifestar con palabras lo que le estaba pasando. Hoy en día es más fácil leer las manifestaciones porque estamos como más actualizados con el tema de los abusos, pero hace 20 años era más complicado”, contextualizó.

Iriarte resaltó que exigen que el pediatra sea alojado nuevamente en la Comisaría No 42 y enumeró otros aspectos que a su entender viciaron el procedimiento. Por un lado, recordó que la querella jamás fue notificada de la petición realizada por la defensa y lamentó que el juez otorgara el beneficio sin disponer medidas de restricción y coerción. “Lo deja alojado en su casa sin vigilancia, sin pulsera electrónica. Nada que obligue al imputado a cumplir su detención con lo cual, en los hechos, el juez anula su propia resolución de prisión preventiva alojándolo en un lugar que no es apto para detención”.

Consultado si Coroleu ejerció algún acto de intimidación, el letrado aseguro que la sola presencia del imputado amedrenta y resaltó que la querella advirtió – en febrero – la posibilidad de que el domicilio de detenido contenga armas, algo que surgió a partir de comentarios de familiares y chats entre estos y Coroleu. Eso no fue todo. Iriarte relató “que la hermana de la víctima, testigo ofrecida en la causa y también víctima de Coroleu vive a escasos 100 metros del imputado que bien podría ejercer actos de disuasión en su contra, más teniendo en cuenta el tema de las armas de fuego, que nunca allanaron la casa para corroborar tal como lo pedimos y el carácter agresivo de Coroleu, aspectos que el Juez no tuvo en cuenta para “fundar” su decisorio”, enfatizó.

En ese punto, Iriarte fue consultado sobre el juez que otorgó el beneficio. Lo identificó como Fernando Mariscal Astigueta, del Juzgado de Garantía N° 2 de Tartagal. Uno de los antecedentes más notorios del magistrado fue cuando sobreseyó al ex intendente Sergio Leavy. Ocurrió en el año 2009 en una causa por estafa que lo tenía como imputado por el uso de facturas de un albañil de apellido Almaráz quien, increíblemente, llegó a facturar 216 mil pesos que él juraba nunca haber cobrado, denunciando a Leavy y un tercero de apellido Elías como quienes se beneficiaron de la maniobra.