Así lo indica un informe de los casos ocurridos a nivel nacional difundido ayer por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia.

En lo que va del año, 49 mujeres fueron víctimas de femicidio en el país y hubo casos –como los de Úrsula Bahillo– que evidenciaron la grave falta en la articulación de las instituciones para abordar las situaciones de violencia antes de que las mujeres sean asesinadas.

Municipalidad de Salta

Ayer, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un informe donde analizó los hechos previos de violencia de género y las medidas de protección adoptadas en los casos de femicidio registrados a nivel nacional entre el 2017 y el 2019. Según los datos, al menos 52 mujeres tenían medidas de protección al momento de ser asesinadas. “En casi 1 de cada 3 vínculos ya había habido hechos de violencia de género antes del femicidio”, señala el documento.

El informe, en base a los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), analiza los antecedentes de las 821 víctimas letales de la violencia de género, entre 2017 y 2019. De ellas, 757 son víctimas directas de femicidios y 64 son femicidios vinculados, según define la OVD, “homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer cis o mujer trans/travesti”.

Según el informe, el 31% de las víctimas presentaba hechos previos de violencia de género por parte del agresor. De este porcentaje, el 14% se deriva de denuncias y el 17% a partir de otros medios. Como los hechos previos no siempre son denunciados, el informe aclara que estos “pueden surgir tanto de una denuncia formal ante cualquier autoridad competente, como de otros medios de prueba agregados a la causa judicial, por ejemplo testimonios, actas, o informes médicos” que forman parte de los expedientes en las causas que investigan los femicidios.

Según el documento, de las víctimas de femicidios registradas durante esos tres años –2017, 2018 y 2019–, 52 contaban con medidas de protección como resultado de denuncias previas. De las 56 resoluciones –hay casos en los que hubo más de una resolución para una misma denunciante– 26 fueron ordenadas por Juzgados de familia o especializados en violencia familiar y de género. Las demás medidas estuvieron a cargo de Juzgados penales o civiles.