Lo expresó la Mesa de Violencia Obstétrica. Advirtieron que la objeción de conciencia es un derecho individual y personalísimo que no alcanzan como titular una persona jurídica.
La mesa interinstitucional de violencia obstétrica está integrada por Observatorio de Violencia contra las Mujeres; la Subsecretaría de asistencia integral a víctimas de delitos (Ministerio de Gobienro, Derechos Humanos y Justicia); el Observatorio de Violencia Obstétrica; y la Coordinación General de Salud Mental (Ministerio de Salud Pública)
Fue ese organismo quien resaltó “que en Salta como en el resto del país, conviven el sistema de salud público con el privado. Dentro de este último, existen casos de afiliación forzosa, por lo tanto, el ámbito de salud privada no se trata de sistema que se rige libremente por las leyes de la oferta y la demanda. Estas entidades deben atenerse a las normas vigentes pues sus usuarias no se encuentran en libertad de optar por el sistema público”.
La explícita preocupación se hizo extensiva a las “manifestaciones realizadas por profesionales de la salud del ámbito público en la puerta de los establecimientos en los que ejercen funciones y con ropa de trabajo. No olvidemos que actualmente son estas instituciones públicas las obligadas a dar cumplimiento al aborto no punible (3 causales), por lo cual esta clase de manifestaciones resulta una forma de obstaculizar que las mujeres usuarias sientan seguridad o garantía alguna de ver respetados sus derechos en caso de requerirlos”.
Finalmente, expresar nuestro acuerdo con las declaraciones del Sr. Ministro de Salud Pública de la Provincia respecto a la factibilidad de aplicación de la ley IVE en caso de ser aprobada.
