jueves 28 de marzo de 2024
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Empezó el juicio | Buscan que una bodega francesa devuelva al municipio de Cafayate 32 hectáreas usurpadas

El litigio entre Pernod Ricard y el municipio calchaquí tiene larga data y tuvo al intendente del lugar del lado de los franceses, aunque la lucha de los vecinos logró que el caso llegue a la justicia. Documentos de los años 1962 y 1980 desmienten la versión gala.

El periodista cafayateño, Silvio Aguirre, fue quien confirmó el inicio del juicio en el programa CUARTO OSCURO que se emite por FM La Cuerda (104.5). Allí precisó también que el próximo 16 de abril declararán los testigos suministrados tanto por la bodega como por el municipio. “Ese día también se va a recorrer la pista de avión las dos partes junto a la jueza de Cafayate”, destacó.

El motivo del conflicto son 32 hectáreas que los franceses aseguran haber adquirido en 1996 cuando compraron la bodega Etchart, aunque esas tierras habían sido donadas al municipio en 1962 por quien fuera la esposa de Arnaldo Etchard: Carmen Rosa Ulivarri. Lo aseguró en su momento el nieto de esta, Nicolás Etchard, quien aportó documentos para corroborar la versión: una nota del 8 de septiembre de 1962 en donde la “Sucesión” de Arnaldo Etchard – quien en 1938 había comprado la finca de 65 hectáreas para dedicarla a la industria vitivinícola – escribió lo siguiente: “Tenemos el agrado de dirigirnos al señor director [de Aeronáutica Provincial] a efectos de formalizar la donación de un campo de nuestra propiedad, destinado a pista de aterrizaje de esta localidad”. Después de precisar la ubicación de la misma – un kilómetro al este de la ruta nacional 40 – y la extensión aproximada – 170 metros de norte a sur y 2.000 metros de oeste a este – los sucesores aclaraban: “dejamos expresa constancia, que en caso de desvirtuarse el objeto de esta donación, la misma será de ningún valor, debiendo restituirse el campo a sus actuales propietarios, herederos o sucesores”. El documento fue declarado auténtico por la escribana Susana Josefina Uriburu en enero del 2009.

No es lo único que corrobora tal versión. También lo hace el decreto 962 del año 1980 rubricado por el ex gobernador de facto Roberto Augusto Ulloa. El mismo refrendaba la ordenanza Nº 8 del año 1979 que había sido aprobada en Cafayate y daba legalidad a lo que hasta entonces había funcionado de hecho: el uso de esas tierras para la pista de aterrizaje. El documento en cuestión aporta mayores precisiones: efectivamente la viuda del bodeguero había realizado la donación en 1962; la extensión del mismo era de 31 hectáreas 9.505 metros; está identificada con el catastro 2078; hasta noviembre del 79 ni la provincia ni el municipio habían aceptado formalmente la donación aunque la mantención, control y ampliación de la pista había estado a cargo del segundo; y se formalizaba la aceptación del bien. Esa es la razón por la cual la cédula parcelaria indica que efectivamente el terreno era propiedad del municipio.

En su momento, Nicolás Etchard, mandatario de los herederos, dejó en claro que la intención de la familia era recuperar las tierras por haberse desvirtuado el objeto de la donación. Lo expuso en una nota de septiembre del 2012 dirigida al intendente cafayateño, Fernando Almeda. Por el año 2016, el nieto comenzó a apoyar el reclamo de los vecinos que llegaron a ocupar las tierras para levantar sus viviendas y fueron desalojados por la fuerza policial tras el pedido de la empresa en ese sentido.

La bodega francesa adujo que, al haber comprado la empresa en 1996, esas tierras estaban incluidas en el combo. Para los vecinos, la firma aprovechó las ambigüedades y errores de los documentos oficiales para justificar el despojo. El error fue centralmente el siguiente: la mención en la ordenanza municipal cafayateña 8/79 que la donante había sido la firma Arnaldo Etchard Sociedad Anónima Vitivinícola, Agropecuaria, Industrial, Comercial e Inmobiliaria que tenía inscripta como propia las tierras identificadas en La Dirección General de Inmuebles con la matricula Nº 49. Lo que no decían los galos es que esa Sociedad Anónima se formalizó recién en el año 1968, seis años después de efectuada la donación; desde 1962 la Matrícula 49 dejó de existir porque la misma se desdobló en dos: la 2078 y la 2079, la primera de las cuales ya aparece como propiedad de la municipalidad en la cédula parcelaria presente en la dirección General de Inmuebles; esto último porque aun cuando la aceptación formal de la donación ocurrió con la ordenanza de  1979 y el decreto 962 de 1980, la toma de posesión había ocurrido 17 años antes cuando además de crearse la pista de aterrizaje, el mantenimiento de ésta quedó a cargo de la municipalidad.

Aguirre destacó que aun cuando hoy el municipio aparezca como querellante, “esto es fruto de la presión de los vecinos. La que ejerció sobre los concejales que terminaron sacando una resolución que intimaba al intendente a iniciar el juicio porque, es conocido por todos, que el municipio era el principal interesado en entregar las tierras”, declaró el trabajador de prensa.

Hacía referencia al intendente Fernando Almeda quien, durante un bien tiempo, fue señalado por los cafayateños de querer favorecer los intereses de la empresa: pidió al Concejo Deliberante en noviembre del 2013 que le aprobaran una ordenanza para negociar canjes con la firma; hizo caso omiso durante un tiempo al pedido de los ediles que le exigieron que se tome el camino judicial para recuperar el patrimonio municipal; cuando las demandas de los pobladores se inclinaron a recuperar los terrenos para poder habitarlos, los asesores inmobiliarios del jefe comunal emitieron un informe sentenciando que los mismos no eran habitables; luego anunció que le dejaría a los franceses las tierras en cuestión a cambio de otras de menor valor y extensión que la firma ofrece en la zona del llamado Rio Seco.

En ese marco, el periodista cafayateño fue consultado sobre las expectativas que hay en la población por el desarrollo de la causa. “Es esperanzador que el juicio comience porque las pruebas documentales y los testimonios de varios testigos siempre fueron a favor del pueblo de Cafayate en un municipio en donde hay falta de tierras para viviendas, lugares deportivos y recreativos; no obstante, la empresa ya anunció que en caso de un resultado adverso van a ir a la Corte”, dijo el periodista quien resaltó que la mitad de las hectáreas en litigio fueron convertidas en viñas por la bodega.

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