Rige el decreto que destina 351 millones a sectores vulnerables. Los excluidos del acuerdo Urtubey – Sáenz aplauden la medida, pero sospechan en privado el montaje de una maquinaria enorme en plena coyuntura electoral. (Daniel Avalos)

Cuando se anunció que Carlos Parodi reemplazaría a Pablo Kosiner como coordinador provincial de la fórmula Lavagna – Urtubey, varios se rascaron la cabeza como lo hacen quienes se sienten desconcertados. Tenía sentido: el fuerte del exjefe de Gabinete provincial de Urtubey nunca fue identificar posibilidades políticas y electorales a candidato alguno, ni siquiera para sí mismo. Pero el desconcierto duró poco: más precisamente, hasta que empezó a circular el decreto que instaura en la provincia el Plan de Emergencia Alimentaria. Ahí sí que varios se golpearon la frente con la palma de la mano al concluir que la pluma del exhombre fuerte de las finanzas provinciales estuvo en la redacción del Plan. También tiene sentido: Parodi tiene experiencia en eso de identificar cajas que permitan formar un colchón de recursos que puedan canalizarse entre la población en tiempos de campaña.

Convencidos de que en política la suma de casualidades es siempre igual a una certeza, varios empezaron a aunar elementos que dejaban a Carlos Parodi en el centro del armado: en tanto el concepto de “emergencia” se abofetea con los intrincados pasos administrativos, la inmediatez del gasto y la laxitud de los controles halla cobertura jurídica; los 351 millones deben emplearse entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre, coincidiendo con las elecciones nacionales y provinciales; el Estado afectará nuevos inmuebles y vehículos a la tarea; el hombre encargado de garantizar que los millones aparezcan es el ministro de economía Javier Montero, el funcionario que durante años formó parte de la “cofradía de los contadores” que lideraba Parodi cuando era un hombre fuerte y responsable directo de que Montero ascendiera al gabinete provincial en diciembre del 2015; para finalizar, el organismo encargado de controlar el uso de los recursos es la Sindicatura General de la provincia, que puede hacerlo mientras se ejecutan las partidas, aunque hasta hace un mes, el Síndico era Javier Montero, quien recayó en ese lugar cuando Parodi fue eyectado de la Jefatura de Gabinete en el 2017.

La variable restante para la conformación de una poderosa maquinaria electoral es la humana: hablamos de miles de intermediarios que tengan la misión de llevar los recursos a los rincones más periféricos de la provincia con la intención de darle algún tipo de calor popular a cualquier candidatura. En este punto, entre los afligidos opositores anidan esperanzas: Parodi guarda tan malos recuerdos entre intendentes, legisladores y hasta punteros, que la cúpula provincial debe confiar en funcionarios y trabajadores dispuestos a ser la correa de transmisión entre los objetivos del plan y los necesitados, aunque la mayoría de ellos carece del entusiasmo electoral de una cúpula gubernamental en franca retirada. El alivio no amortigua la preocupación. Después de todo, el decreto precisa que los 351 millones de pesos deben distribuirse en menos de cuatro meses y entre más de 200.000 salteños que sufren la pobreza extrema en las profundidades del monte o en las periferias de las ciudades que, a pesar de su cercanía a las luces sigue, vomita del sistema a miles que sumidos en la desesperación son presas potenciales de inescrupulosos con los recursos suficientes para comprar voluntades.

Quienes no forman parte de los armados electorales que involucran al oficialismo en la provincia ya manifiestan la preocupación, aunque lo explicitan con la prudencia que el caso amerita: imposibilitados de oponerse a un plan imprescindible en medio de una crisis social enorme, reparan en la necesidad de discernir la emergencia de los objetivos electorales. Lo grafican bien Juan Carlos Romero y Santiago Godoy. El primero “confía” en que la emergencia no será utilizada para mezquindades electorales; el segundo empieza a ser la voz de otros diputados que reclaman participar de la implementación de la emergencia. Godoy ya institucionalizó la demanda con una nota que el pasado lunes dirigió al Jefe de Gabinete, Baltasar Saravia. Allí demandó sumar a instituciones del “Tercer Sector” y a la propia legislatura al Consejo Ejecutivo de Emergencia Alimentaria creada por Urtubey para implementar la ayuda; que la erogación extraordinaria de recursos y las reasignaciones de partidas pasen por la Legislatura; e incorporar a los diputados del interior a la red que debe garantizar la llegada de recursos a comedores y merenderos.

Si el escrito de Godoy evidencia el interés de los diputados por la administración y control de los recursos, los “buenos deseos” de Juan Carlos Romero revelan una preocupación: que el “plan” ayude a los candidatos a legisladores nacionales del oficialismo provincial a incrementar algunos puntos en las elecciones del 27 de octubre, variable que -combinada con la pésima imagen de Macri- pone en riesgo la propia reelección del senador en la cámara alta nacional. El peligro afecta incluso a la precandidatura a intendente de su hija Bettina en la ciudad de Salta. Y es que varios dan por sentado ya que en el acuerdo general entre el Grand Bourg y el Centro Cívico Municipal de cara a las elecciones que se vienen, el elegido de ambos para la intendencia es Matías Posadas y no Bettina ni Martín Grande.

Según el entorno más político del exgobernador, tal acuerdo terminó de sellarse en una reunión nocturna del martes 10 de septiembre (día en que empezó a circular el decreto) de la que participaron al menos dos de los hombres de más confianza del intendente Gustavo Sáenz (Pablo Outes y Nicolás Demitropulos) por el municipio, mientras que la ministra Edith Cruz lo hizo por la provincia. La novedad estuvo lejos de enturbiar la razón de ese sector del romerismo que no interpretó el acuerdo como una declaración de guerra del Grand Bourg contra ellos, sino como una estrategia lógica a favor de Urtubey y el acondicionamiento de una eventual retaguardia para el saencismo. Después de todo, Posadas es el único de los precandidatos a intendente de la ciudad que saldrá sin complejos a pedir el voto para la fórmula Lavagna – Urtubey en caso de convertirse en candidato y el mismo Posadas es el único capaz de garantizar continuidad a la gestión Sáenz si este se quedara sin provincia y sin intendencia, a diferencia de una Bettina Romero que por temperamento amenaza con quedarse con todo y un Martín Grande que nunca despertó confianza entre la cúpula municipal.

Los spots que empiezan a difundirse por las redes sociales promocionando las candidaturas de Posadas y Sáenz parecen confirmar la versión romerista. No solo los muestran a ambos bien cercanos, también dejan ver una producción propia de la Secretaría de Prensa del Grand Bourg, que supera en calidad y profesionalismo a la ejecutada por los técnicos del municipio. Dicen por ahí que la situación ya genera el encono de los “municipales” que monopolizaban la figura del Intendente y que el embrollo provoca fricciones entre los comunicadores de uno y otro sector, complicando así todo lo que en principio debería ser fácil.