Delfín Castedo, el narcotraficante más famoso de Salta, asegura que la reconocida universidad deforesta los campos que le fueron decomisados.
Es el narco más poderoso del país. Está preso, es juzgado por varios crímenes y desde el penal de Ezeiza intenta recuperar las 28 mil hectáreas que la justicia le incautó bajo la figura de “recuperación de activos en casos de corrupción” y presunto “lavado de dinero” proveniente del narcotráfico, al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de dinero.
Delfín Castedo denuncia deforestación ilegal en esas tierras que limitan con la frontera boliviana y que el “clan” usó para abrir pasos clandestinos para traficar toneladas de cocaína mensuales que luego era embarcada a Europa. “En los tribunales federales creen que Castedo quiere recuperar esas propiedades para reactivar los ‘cruces fronterizos secos’ ubicados en las fincas Aybal y Pajeal” destacan medios nacionales como Infobae.
Por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, esas tierras son administradas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) que en los últimos meses fue acusada de desforestar el lugar y vender de manera clandestina la madera. La Sociedad Administradora de Campos de la UBA admitió la tala ilegal de esos bosques, pero no se adjudica la ilegalidad.
“La UBA nunca realizó tala ilegal. Y tampoco legal porque las autoridades de Salta no autorizaron las guías para hacerlo. Sí, en cambio, la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció en varias oportunidades el robo de maquinarias, la tala clandestina, la posible apertura de pasos fronterizos clandestinos para tráfico ilegal y hasta la instalación de campamentos de obreros para la deforestación ilegal”, afirma un alto funcionario judicial que recibió a Infobae.
“Por encima de Delfín Castedo hay intereses más poderosos de este lado y del otro de la frontera. Orán es la Sinaloa Argentina, está tomada por el narcotráfico. La gente vive con miedo. Allí está enquistada una verdadera mafia, un entramado corrupto entre lo público y lo privado”, dispara y opina: “Todos hablan del narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero la droga, a Rosario, llega de Salta”.
Uno de los casos más impactantes de la vinculación narco con la justicia y el poder en Orán fue la destitución, encarcelamiento y condena del juez federal de esa localidad, Raúl Reynoso, por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes.
El “clan” Castedo
El entramado de las causas judiciales que se tramitan en Buenos Aires y Salta, y que involucran al “Patrón del Norte”, son complejos. Las tramitaciones lentas están plagadas de sospechas de cobertura política, judicial y de las fuerzas de seguridad. Además del contrabando de cocaína, se investiga el asesinato de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos en Salvador Mazza (cuya pareja fue muerto en ese país en una redada narco) que el 18 de septiembre de 2006 denunció que los hermanos Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado -ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían “cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas”.
Tres días después, el 21 de septiembre de 2006, la mujer fue asesinada de siete puñaladas. El violento homicidio fue considerado como un mensaje mafioso. Su cuerpo apareció tendido sobre la precaria pasarela de madera del Sector 5 de Salvador Mazza o “Pocitos”, a muy pocos metros de Yacuiba, la ciudad espejo en Bolivia.
El homicidio fue un golpe para la estructura criminal de los hermanos Castedo. Reinaldo Delfín se fugó y fue detenido diez años después en el conurbano bonaerense. Para la mamá de la pequeña productora, Elida Romero, la masacre de su hija seguirá impune hasta que los autores intelectuales, es decir los hermanos Castedo, no sean condenados como los cerebros detrás del asesinato mafioso.
Con buen criterio y lógica, el fiscal general salteño Carlos Amad pidió que al juicio oral contra los hermanos Castedo y a los otros integrantes de la banda por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos producto del narcotráfico se le sume el asesinato de Ledesma por considerar que se trató de “un crimen del narcotráfico” y que los acusados serían los autores intelectuales.
Las tierras de la discordia
“La finca” en la que se presume los Castedo traficarían las miles de toneladas de cocaína nombrada por el fiscal Carlos Amad es la misma que el juez federal Federico Villena de Lomas de Zamora -provincia de Buenos Aires- ordenó su “recuperación como activos sociales” y que la UBA explotara de manera comercial las 28.000 hectáreas, la mayoría de las cuales son fronterizas a Bolivia y limitan con tierras similares que en el país vecino son propiedad de familiares de los Castedo, según la pesquisa judicial. En esa traza, el límite entre un país y el otro era una tranquera.
Los reclamos del “clan” narco
El objetivo de la administración de la UBA sobre las tierras decomisadas es la preservación de los activos de las fincas, conservar la integridad operativa con una explotación sustentable, obtener una ganancias a través de esa actividad y que esa retribución “se aplicara a becas para chicos principalmente del Norte del País para que pudieran estudiar en la UBA”. Pero, lejos de esto, la universidad “perdió millones de pesos”, según se le aseguro a este medio desde el juzgado.
Las razones son varias. Las fincas cuentan con 15 kilómetros de frontera seca con Bolivia, sin ningún tipo de control, por la que se pasa a pie o con camiones al país vecino conectando a los pocos kilómetros con una carretera. La Sociedad Administradora de Campos de la UBA se abocó a la actividad ganadera con las dificultades que presenta este tipo de cría mayormente salvaje donde el pastoreo se da en el monte, cosechando el producto de las aproximadamente 300 hectáreas aptas para siembra.
“El clima de lluvias intensas, los caminos que permanecen intransitables durante semanas y a veces meses, fueron claras limitantes para intensificar estos trabajos. Ante estos imperios, la administradora de la UBA, intentó desarrollar la explotación maderera en el marco de lo previsto en la normativa de preservación de bosques nativos” destaca Infobae que luego agrega lo siguiente: “según consta en el expediente del juez Villena, la UBA tramitó las guías correspondientes ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero no se los autorizó”.
Lejos de eso, en las fincas narco comenzaron a registrarse robos de ganado, instalación de campamentos clandestinos de tala clandestina de madera, todos hechos denunciados ante gendarmería y en sede judicial. Según Infobae el 29 de enero de 2020 se solicitó la intervención del Escuadrón 61 de Gendarmería, quién consignó en un acta la detección “de un campamento a medio armar con 4 ciudadanos identificados”, pero sin ninguna resolución judicial.
Ante el juzgado de Villena, la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires, representada por Adolfo Reichemberg, presentó un escrito de 56 carillas en el que detallan cada uno de los hechos. Allí figura que el 20 de Junio de 2020 se cursó una nota al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal, organismo que depende del ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la gobernación de Salta, en la cual se señala: “En estos momentos, la propiedad se ve amenazada por el flagelo del robo de madera. Las actividades ilegales de corta realizadas afectaron la pista del gasoducto por el tránsito y la acumulación de productos forestales”. Además, pidió “colaboración para combatir estas conductas ilegales y furtivas”.
Las autoridades provinciales instruyeron un sumario, pero se imputó por la tala ilegal de árboles a la UBA, es decir a los propios denunciantes. El descargo formalizado ante el juzgado federal de Villena la Sociedad Administradora de la UBA afirma que la deformación de los hechos presentados ante la opinión pública a través de medios locales: “Esta vinculado con intereses espurios” y entiende que: “Se pretende instalar con la única finalidad de que la Sociedad Administradora se retire, dejando así una vasta zona fronteriza en un vacío amparado en la inacción ante las frondosas denuncias realizadas y, confundiendo en esta perversión mediática a la víctima con el victimario”.
La UBA también pidió no solo que se investigue cada una de sus denuncias, sino que Gendarmería Nacional, a través del ministerio de Seguridad de la Nación, “provea los vehículos y medios tecnológicos que permitan el desplazamiento en las fincas fronterizas para controlar la tala ilegal” y el presunto tráfico “de todo tipo” que se podría estar desarrollando.
El juez Villena, por su parte, propuso que, para lograr un efectivo patrullaje y control del área de frontera, que se tale y desmonte entre cincuenta y cien metros de monte, pero nunca se hizo. El magistrado hasta llegó a proponer que las tierras pasen a ser administradas y preservadas por Parques Nacionales. La iniciativa tampoco prosperó.
En cambio, y de manera paralela a los agravios que sufría la UBA, los representantes legales de Delfín Castedo le solicitaban al magistrado la restitución de las fincas y sus tierras fronterizas al hombre juzgado por tráfico de drogas y lavado de dinero porque “provoca un daños patrimoniales y personales irreparables”. Como contrapartida, en los tribunales de Lomas de Zamora repiten: “No se puede permitir que esos campos lo recupere el narcotráfico”. El final de la historia está abierto.
