La presencia femenina se incrementó levemente entre la élite política y técnica que administra la provincia. Pasó del 25% en el 2015 al 32% en el 2018. En los concejos deliberantes se dieron los mejores avances al respecto. (Daniel Avalos)
La situación es relativamente fácil de verificar. No hay que averiguarlo ni descubrirlo. Alcanza con ingresar a la página oficial del gobierno provincial, hacer un clic en el link “Autoridades”, deslizar el mouse a la ventana “Nómina de autoridades” y allí hacer otro clic.
Entonces el navegante web accederá a una larga lista donde se detallan nombres y apellidos de quienes ocupan los principales cargos electivos y políticos de la provincia: gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, coordinadores, intendentes, legisladores nacionales, senadores y diputados provinciales y concejales de los 60 municipios; son, por así decirlo, el Estado Mayor Conjunto del Estado provincial.
Es este el ejercicio que realizó cuarto.com.ar, aunque prescindiendo de las designaciones en la justicia, los cargos jerárquicos policiales, las conducciones sindicales, las jefaturas de los numerosos entes autárquicos del Estado provincial y las sociedades del Estado. A esa primera operación que requiere de paciencia oriental más que de pericia investigativa, le sumamos otro no menos importante: compararlo con los números que el mismo ejercicio arrojó en marzo del 2016, cuando el gabinete que el gobernador Urtubey había designado al asumir su tercer mandato ya estaba consolidado.
Aquella vez los principales cargos electivos y jerárquicos llegaban a un total de 561 funcionarios, de los cuales 422 eran hombres y 139 mujeres, lo que suponía que un 75% de los puestos importantes estaba en manos del género masculino. La conclusión obvia se imponía: aunque todos decían abrazar las reivindicaciones de género y aseguraban que las demandas de “ellas” eran lo deseable, la tradición patriarcal seguía imponiendo los criterios que determinaban una distribución del poder político en la provincia.
Esa condición no se ha modificado aún, pero los números han ido variando y llegamos al 2018 con un leve incremento de la participación femenina: el total de cargos mencionados en toda la provincia – incluyendo el gabinete de Gustavo Sáenz y el Concejo Deliberante capitalino – es de 789, de los cuales 543 son hombres y 246 mujeres, lo que supone una clara hegemonía masculina (68%), pero ubicada 7 puntos por debajo de hace dos años dejando a las mujeres con un 32% de la torta del Poder, si es que este dependiera exclusivamente de cálculos aritméticos.
Cediendo un poco
El leve acortamiento de la brecha se evidencia también cuando de la totalidad aritmética nos deslizamos a dimensiones específicas de la misma. La Capital provincial, por supuesto, no escapa a esa condición. Del total de 243 funcionarios jerárquicos que existían en 2016 en el ejecutivo provincial y el gobierno de la ciudad, solo 61 eran mujeres: apenas un 25% del total. Hoy esas dimensiones de gobierno nuclea a 295 funcionarios, de los cuales 193 son hombres y 102, mujeres lo que supone que la presencia femenina pasó del 25% de hace dos años al 35% actual.
Si se profundiza la discriminación, la tendencia se repite: en 2016, de un gabinete provincial de 14 ministros más un gobernador y vice, había una sola ministra mujer (6,2%). Hoy ese gabinete se repite en número si sumamos la Sindicatura de la provincia y la Fiscalía de Estado y allí hay cuatro mujeres: Pamela Caletti, Edith Cruz, Analía Berruezo y Paula Bibini, que así representan el 28% de presencia.
Entre las distintas secretarias y subsecretarias de Estado del Grand Bourg, en marzo de 2016 había 28 mujeres sobre un total de 101 cargos: 27,71%. Hoy esos datos se mantienen en un contexto distinto: el decreto 1.603 de noviembre de 2017 (que dispuso recortes en la planta política) dejó un total de 79 cargos de secretarios y subsecretarios de Estado en el ejecutivo provincial y, de ellos, 57 están ocupados por hombres (72%) y 22 por mujeres, lo que representa una participación del 27,84%, solo décimas por encima de lo que ocurría hace dos años. Una digresión se impone en este punto. Servirá para aclarar que, aun cuando esos cargos se han reducido, las coordinaciones, direcciones generales y direcciones a secas no necesariamente corrieron la misma suerte, lo cual amerita posar la vista en esas dimensiones para certificar si la brecha entre hombres y mujeres se acortó allí.
La resistencia
En donde sí hubo retrocesos fue en el ejecutivo del gobierno municipal y en los cargos legislativos más importantes de la provincia a los que se accede por elecciones. Para el primero, los números son contundentes: el gobierno que encabeza Gustavo Sáenz en la ciudad contaba, en marzo de 2016, con solo tres mujeres sobre un total de 12 secretarias y subsecretarias (25%); hoy los cargos son 15 – si a los ya mencionados sumamos coordinadores y al propio Intendente – pero el número de mujeres se mantiene en 3, con lo cual la participación bajó del 25% al 20%.
Más curioso es el caso de los cargos legislativos. Debemos recordar al respecto que en las elecciones de 2017 se aplicó la Ley de Paridad de Género, que dispone que las listas de candidatos, deba conformarse por un 50% de mujeres intercaladas sucesivamente con los candidatos varones. Los resultados en Salta no fueron los esperados y los números lo confirman, al menos en los principales cargos legislativos que existen en la provincia: los diputados y senadores nacionales; más los diputados y senadores provinciales.
En esa dimensión, la representación femenina bajó con respecto a 2015, aun cuando los legisladores de hace dos años habían ingresado sin que rigiera la Ley de Paridad. Los números son elocuentes: de las 93 bancas de ese tipo (10 nacionales, 23 en el senado provincial y 60 en la legislatura de Salta), 20 eran las ocupadas por mujeres: 2 en la nación, 4 en la cámara alta provincial y 14 en la legislatura.
Hoy el número se redujo a 16: una en la nación; 3 en la cámara alta provincial y 12 en la legislatura, lo que supone que del 21,5% de participación del año 2015 se bajó al 17,2%. La paradoja es solo aparente: la Ley de Paridad de Género se aplicó a rajatabla en las primarias, pero no en las generales; sin olvidar que la proliferación de partidos y listas de candidatos también fue producto de la enorme capacidad con la que cuentan algunos para desmenuzar las leyes y encontrar luego la forma en que el orden de candidatos responda a sus propios intereses.
Si los principales cargos electivos de la provincia pueden pincelar un corte en la tendencia de las mujeres a ganar espacio en los puestos jerárquicos del Estado provincial, lo ocurrido en las elecciones 2017 en el Concejo Deliberante capitalino supuso el mayor salto de presencia femenina en los órganos de poder salteño. Allí las mujeres son mayoría: de 21 ediles, 11 son mujeres (52,3%). La situación corona una tendencia que se venía manifestando hace años. De hecho, en el año 2015, la presencia femenina en ese cuerpo no era mayoritaria, pero sí el lugar donde tal presencia era la más elevada de la provincia: con ocho escaños de los 21 que, representando el 38,5%, sí cumplía con la ley que por entonces garantizaba al menos un tercio femenino de la representación.
Brisas de cambio
En el interior provincial, ese heterogéneo territorio donde muchos municipios se caracterizan por contar con una elite reducida, una clase media estrecha y una sobredimensionada pobreza, la presencia femenina en ámbitos de poder también se fue incrementando. Lo confirma una comparación de lo que ocurría en 2015 y lo que ocurre hoy con las intendencias y los Concejos Deliberantes de los 59 municipios del interior. Hace dos años, se contaba un total de 377 funcionarios electos, de los cuales solo 81 eran mujeres: el 21,4%. Hoy el número entre intendentes y concejales llega 379, de los cuales117 son mujeres, representando así un 30,9%.
Si la aproximación discriminara entre los jefes comunales y los ediles, los números nos indicarían que el empuje vino de estos últimos. Y es que hace dos años, en solo 3 de los 59 municipios, los jefes comunales eran mujeres (5%): Cerrillos, General Güemes e Isla de Cañas. A ellas se sumó ahora Rita Carreras de Coronel Moldes, sin que ello suponga una modificación importante en términos porcentuales de la distribución del poder territorial.
Distinto es el caso de lo que ocurre en los cuerpos legislativos del interior. Hace dos años, de los 318 concejales del interior electos, solo 78 eran mujeres: 24,5%. Hoy, de los 320 ediles que ingresaron a ese poder tras las elecciones de octubre pasado, 113 corresponden al género femenino, representando el 35,31%.
Hay más: en 2015 solo en cinco municipios “ellas” eran mayoría en los cuerpos deliberativos: General Pizarro, El Tala, Río Piedras, Aguas Blancas y San Carlos. En 2018 los concejos deliberantes con esa condición llegan a nueve: Apolinario Saravia (3 mujeres sobre 5 totales); El Quebrachal (4 sobre 7); Chicoana (3 sobre 5) General Güemes (5 sobre 9); Guachipas (2 sobre 3); El Jardín (2 sobre 3); Coronel Moldes (2 sobre 3); Río Piedras (2 sobre 3); Rosario de Lerma (5 sobre 9).
Otro detalle importante es el siguiente: en el año 2015 había 11 Concejos Deliberantes del interior provincial en donde no había una sola mujer entre los ediles: Cachi, Payogasta, Iruya, Isla de Cañas, La Poma, La Viña, El Galpón, Urundel, Santa Victoria Este, Rosario de la Frontera y Los Toldos. Hoy el número de cuerpos deliberativos sin presencia femenina bajó a cinco: Iruya, Islas de Cañas, La Caldera, La Viña y Aguas Blancas.
Los números expuestos siguen evidenciando lo obvio: a la hora de conformar una élite política y técnica que administre la provincia, los hombres prefieren a los hombres. No obstante ello y en términos estrictamente numéricos hubo un avance de la participación femenina en esa dimensión política. Tanto en municipios como la Capital o San Lorenzo que puede presumir de contar con una población con niveles de consumo propios del primer mundo, pasando por ciudades como Orán o Tartagal donde a pesar de su cercanía con las luces hay muchos barrios de excluidos, hasta en aquellos que en las profundidades del monte parecen vivir una historia detenida.
Si esa mayor presencia supone una crisis los valores patriarcales imperantes en la provincia o una estrategia del propio patriarcado para reforzar sus valores apelando a mujeres que reproducen esos valores, es algo que requiere otro tipo de análisis.