Lo declaró Sofía Müller, funcionaria del INADI en Salta, quien aseguró que lo resuelto por el Concejo Deliberante de esa ciudad genera contradicciones con lo que disponen las leyes.
Fue en la columna que la institución posee en el programa Cuarto Oscuro, que se emite por FM La Cuerda 104.5. Allí la funcionaria analizó lo ocurrido la semana pasada en Orán cuando un proyecto presentado en el Concejo Deliberante y que declaró a la ciudad «pro vida» y «pro familia». La iniciativa partió de Héctor Barraza, un concejal que el año pasado comenzó su carrera política decidido a realzar «los valores de la Iglesia».
“Esa declaración es para el INADI un tema de preocupación. No se trata sólo de una cuestión que involucra el derecho de las mujeres, sino también de las personas gestantes. Con respecto al tema particular, conviene remarcar que declarar a una ciudad “Pro Vida” desde un órgano del Estado choca con el hecho de que es el Estado es el que debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos y, a su vez, el derecho de acceso a la salud. La pregunta es entonces ¿qué la pasa a las personas gestantes que se encuentran con que su ciudad se expresa en contra de sus derechos? Hay que resaltar que las personas tienen hoy derecho a una interrupción del embarazo legal, que es en aquellas situaciones en la que está en riesgo su vida o cuando el embarazo fue producto de una violación. Esto es legal desde hace casi cien años en nuestro país”, resaltó.
En ese punto, la funcionaria del INADI insistió en remarcar la contradicción de la que quedan prisioneros las personas gestantes ante una declaración que va en contra de los derechos establecidos. “Con esa declaración hay toda una deslegitimación a una práctica que es legal y una persecución a las personas gestantes que tienen ese derecho. A su vez, todas las instituciones de esa ciudad entran en una contradicción porque el Concejo Deliberante le dice una cosa cuando la legalidad y los derechos que deben garantizarse son otros. Estas cosas siempre generan en la práctica vulneración de derechos. Por eso es muy grave y, por lo menos, esa declaración merece ser revisada por el Concejo Deliberante”, enfatizó.
