La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos se gestó tras el golpe de Estado en Bolivia en 2019, cuando militantes viajaron a registrar las violaciones cometidas por el gobierno de facto de Jeanine Añez.
A menos de una semana de los operativos simultáneos a locales, merenderos y domicilios de dirigentes sociales acusados de “extorsión y asociación ilícita”, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos arribó a Jujuy para relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos y evitar posibles detenciones de militantes por parte de un aparato judicial subordinado al caudillo radical.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos se gestó tras el golpe de Estado en Bolivia en 2019, cuando un grupo de militantes viajó a relevar y a denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de facto de Jeanine Añez.
“Después tuvimos intervenciones ante distintas situaciones que lo ameritaban, con compañeros y compañeras que participaron de actividades en Colombia, Paraguay, Chile, y ese mismo año hicimos dos visitas a Jujuy que derivaron en el informe que presentamos en octubre del año pasado”, declaró al diario Página 12 el abogado Sergio Job, militante de la Unión de Trabajadores Rurales de Córdoba y coordinador regional de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Job recordó que tras aquella visita a Jujuy debían retornar en agosto, pero los hechos de la semana pasada hicieron que adelantaran el regreso. “Ante los 16 allanamientos que entendemos fundados en motivaciones absolutamente políticas contra dirigentes de organizaciones sociales, entendimos que había una urgencia que ameritaba adelantar el viaje”, apuntó Job. El objetivo más urgente que se plantea la Comisión de Solidaridad es impedir que los militantes que padecieron los allanamientos sean detenidos antes de la feria judicial. El segundo objetivo es continuar con la recolección de denuncias de quienes son perseguidos por el aparato paraestatal jujeño.
