Desde el organismo emitieron un comunicado crítico respecto al proyecto de ley que hoy fue aprobado por la Cámara de Senadores de Salta.

La corte de justicia salteña pasará de tener 7 a 9 jueces. Hoy el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo que tuvo media sanción el martes pasado en Diputados, fue confirmado en el Senado con 15 votos a favor y 4 en contra.

Antes de que se diera la sesión en la cámara alta salteña, desde el el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia emitieron un comunicado crítico respecto a esta medida impulsada por el gobierno de Gustavo Sáenz y secundada por los legisladores.

Entre las críticas que se hacen a esta modificación está que no tomaron en cuenta a dicha institución a la hora de considerar la medida. Señalan que se hizo el cambio a pesar de que el art. 132 incisos 5 y 8, de la Ley 5412, establecen como “deberes” del Colegio “bregar por la buena administración de justicia, proponiendo las medidas que juzgue indispensables” y “colaborar en estudios, informes, proyectos y demás trabajos que los poderes públicos le encomienden, sean o no a condición gratuita, referidos a la abogacía, a la ciencia del derecho, a la investigación de instituciones jurídicas y sociales o a la legislación en general”.

Más adelante en el mismo comunicado, indican que “La posibilidad de ampliar el número de jueces o juezas de Corte podría ser interpretado como un fortalecimiento de la Justicia, pero en el contexto actual, existen otras prioridades, incluso en el ámbito de la justicia”. Además enumeran esas prioridades en cuanto al tema judicial: poner en práctica la Cámara Contencioso Administrativa, la creación de Cámaras de Apelaciones Civiles, Comerciales y Familia con asiento en los Distritos del Interior, tanta veces postergado, la construcción de una ciudad judicial en Orán, la creación de tribunales en el interior, implementación del sistema iurix para el interior e incluso en tribunales con asiento en la capital, por nombrar algunos.

Además apuntan que “Otro debate que va a enriquecer la Justicia que pretendemos es la excesiva concentración de las facultades de la Corte, hoy preside el Tribunal Electoral, preside el Consejo de la Magistratura, controla disciplinariamente a los jueces y juezas a través de Superintendencia, dirige una Escuela de la Magistratura, es decir tantas tareas o facultades concentradas que obviamente implican tiempo que se lo quita a su tarea esencial, administrar justicia”.

Incluso señalan que si bien se habló sobre la paridad de género como uno de los motivos fundamentales para la modificación de número de magistrados, pero esto no está mencionado en ningún inciso del proyecto aprobado recientemente por senadores. El proyecto debió decir claramente que “Cualquiera sea su número, la composición de la Corte deberá respetar la paridad de género, entendiéndose por tal a la integración con mujeres en un 50%, como mínimo. El género estará determinado por su documento de identidad independientemente de su sexo biológico”, señalan desde el Colegio de Abogados y Procuradores.