Duro con los débiles | Aseguran que en Salta violar los derechos indígenas es política de Estado

Juan Agustín Pérez Alsina, fiscal de Estado de la provincia de Salta.

Así lo denuncia la Red de Luchas Socioambientales que ejemplificó la generalización con los padecimientos actuales de las comunidades guaraní, wichí y lules. Señalan al Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, como símbolo del despojo.

En un comunicado rubricado por abogados locales, referentes sociales y originarios, periodistas de Buenos Aires e intelectuales como la socióloga Maristella Svampa, la Red citó tres casos que a su entender confirman que el Estado salteño sistemáticamente viola los derechos indígenas: los incendios provocados en territorio ancestral de la comunidad guaraní Estación Tabacal de Hipólito Yrigoyen disputado por los agronegocios de la Seabord Corporation- ex Ingenio San Martín del Tabacal; las muertes de niños wichís en la localidad de General Mosconi; y el amparo ambiental presentado por la Provincia de Salta contra la Comunidad Indígena Lule de Finca Las Costas por habitar en su territorio ancestral que es Reserva hídrica .

El comunicado se extiende sobre este último caso al que califican como un “ataque institucional encubierto” en tanto el gobierno salteño “demanda judicialmente a los guardianes ancestrales de la naturaleza en un Insólito Amparo ambiental de la Provincia contra la Comunidad”. Por el caso habrá una Audiencia pública mañana 21 de septiembre a las 9 horas en el Aula Magna de la Escuela de la Magistratura sita en Ciudad Judicial. En ese punto, los firmantes recuerdan que el Fiscal de Estado de la Provincia es Juan Agustín Pérez Alsina cuyo Estudio Jurídico tiene entre su cartera de clientes a poderosas compañías mineras.

“Resulta insólito que el Estado provincial que ostenta el 2do puesto de mayor tasa de deforestación tiene en su territorio con pérdida de biodiversidad, fomento de monocultivo transgénico y mayor tasa de desnutrición y muerte infantil de niños que pertenecen al Pueblo Originario Wichi, jamás haya iniciado acción judicial alguna contra los ecocidas que él mismo autoriza y decida demandar al Pueblo Originario Lule por habitar en su territorio ancestral y cuidarlo ya que si no lo hicieran, sería territorio botín de inmobiliarias y hoteles cinco estrellas para turismo extranjero” destacan el documento que termina con dos pedidos. El primero está dirigido al Estado para que respeten los derechos de los Pueblos Naciones Originarias preexistentes al Estado Argentino y en especial de Salta; el segundo está dirigido a las distintas comunidades originarias. ambientalistas y personas en general a participar y expresarse en la Audiencia Pública de mañana para apoyar al pueblo lule.

“En caso de no poder hacerlo, por favor hacer llegar su pronunciamiento a nuestro correo a efectos de solicitar su agregación al Expte. Judicial “PROVINCIA DE SALTA s/ AMPARO” (Expte. N° 718.742/20) del Juzgado de I° Instancia en los Civil y Comercial de 10° Nominación, a cargo de la Jueza Dra. Guadalupe Villagrán para que sea leído y tenido en cuenta por la Juez al emitir su sentencia”, finaliza el texto.