La ministra de Seguridad nacional encabezó la presentación de un reporte por videoconferencia. El mismo hace foco en las ciudades de La Quiaca, Salvador Mazza, Aguas Blancas y Puerto Iguazú.
El informe se titula «Diagnóstico sobre la percepción de la seguridad en población que habita la frontera norte argentina». Fue realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con el Conicet tras un exigente trabajo de campo sobre cuatro puntos claves de las provincias de Jujuy, Salta y Misiones. Desarrollado entre 2017 y 2018, las conclusiones apuntan a redefinir el concepto de «frontera» en el norte argentino dando cuenta de su dinámica de funcionamiento social como escenarios con particularidades que se explican en relación a los países lindantes.
Uno de los puntos salientes del mismo es el que resalta el magro control que subsiste en estos territorios. “Bagayeros que cruzan con sus bultos a cuesta o navegando en precarias chalanas y gomones a pleno luz del día conviven con pasos alternativos que se abren a escasos metros de los puestos de control de las autoridades fronterizas en Aguas Blancas y Salvador Mazza”, resumió el diario Perfil que realizo la cobertura de la presentación. “Los investigadores dieron cuenta de redes que operan detrás de los eslabones más débiles del cruce irregular y que involucran desde empresarios, fuerzas de seguridad y jueces que pueden actuar por intereses o intercambio de favores”.
No obstante, algunos de los investigadores señalaron que no se trata simplemente de la ausencia del Estado: “en algunos casos, la vulnerable realidad socio-económica redefine, en algún punto, los límites prácticos de la legalidad. Como en La Quiaca donde cientos de bagayeros cayeron en el desempleo primero y la informalidad después cuando se autorizó a los camiones a cruzar hacia Bolivia con las mercaderías y ellos perdieron su función regular. En consecuencia, se reinventaron y ni siquiera las cámaras de vigilancia, que apuntan directo hacia el cruce por el cual atraviesan hacia Villazón con sus bultos, los desalientan de la única práctica que garantiza su subsistencia”.
Algo parecido sucede con el «by pass» con el que se elude el control de Gendarmería en la ruta 50, desviando las mercaderías a través de fincas internas, acusaron los investigadores con fotos de la operatoria en el camino que conduce a Orán. “Así y todo, La Quiaca es el que menores índices de descomposición social muestra de los cuatro puntos estudiados, sin que ello lo haga sortear una precariedad estructural que funciona casi como común denominador en el comparativo”, destacaron.
Los propios se quejaron de la escasez de estadísticas fiables y de las múltiples trabas para recopilarlas, incluso de fuentes oficiales y trabajando en alianza con el Estado nacional. Un punto llamativo, remarcaron los responsables del informe, surge del cruce de las estadísticas de criminalidad y la percepción sobre la inseguridad en esos lugares. “Los números no difieren de los de otras ciudades. Hasta son más bajos en relación a centros urbanos de mayor tamaño en la vecindad. Y lo que sí abundan son relatos vecinales que asemejan a mitos urbanos, como las «camionetas que trafican chinos» en Salvador Mazza, que no se verifican en la realidad. Aluden al rol de los medios en la «demonización» de aquellos parajes.
Ello explica que en un momento la ministra sabina Frederic aludiera a la idea de «revertir la criminalización y demonización» de las fronteras para enfatizar en ellas como espacios de circulación, intercambio, amistad y solidaridad en pos de una integración. Tal fue la línea rectora con la que ya había clausurado su discurso en febrero pasado en el primer Consejo Federal de Seguridad Interior que convocado en Tucumán.