Sofía Fernández es referente del feminismo salteño. Militó la aprobación del Aborto Legal a fines de diciembre del 2020. A casi dos años de ello balanceó la situación. Celebró las conquistas y señaló los límites impuestos por los poderes del Estado.
Sofía Fernández es referente del feminismo salteño. Militó con fuerza la aprobación del Aborto Legal en Argentina a fines de diciembre del año 2020, ley que fue promulgada por el ejecutivo nacional en enero del 2021. A casi dos años de esos hechos balanceó la situación en el programa CUARTO OSCURO que se emite por el aire de FM La Cuerda (104.5).
“Fue un gran logro. En el 2018 por desestigmatizar la práctica y lo del 2020 fue el resultado de 20 años de trabajo de muchas feministas y de muchas mujeres. Contenta en ese sentido” dijo la referente, aunque aclaro que la situación actual “no es la que soñamos. Falta un montón. En Salta sobre todo la descentralización. No hay prácticas en los 60 municipios y ello obliga a que las mujeres se trasladen de un municipio a otro. Ni siquiera en las salitas de la ciudad se garantiza la práctica: solo 7 de las 49 existentes la practican. Si tenemos en cuenta que la práctica se realiza con misoprostol, es obvio que se podría hacer en todos los centros de atención primaria. Para eso también es necesario que haya efectores en toda la provincia. Tampoco hay la difusión suficiente en los centros de salud. Hoy, ese es uno de nuestros reclamos más fuertes. Necesitamos que haya una bajada de línea del Estado salteño al personal que trabaja en los centros de salud para garantizar esa información”, resaltó.
Puesta a opinar sobre el alto porcentaje de objetores de conciencia que dificultan el acceso al derecho entre las mujeres salteñas, Fernández remarco que “en Salta andamos con menos efectores que antes. Hay cierto temor y ello por el accionar de la Justicia como ocurrió con el caso de la doctora Miranda Ruiz en Tartagal. De allí que necesitamos más garantes en la provincia y sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos. Esto genera otro problema: en Salta son tan pocos los que garantizan la práctica que están sobrecargados de trabajo” advirtió.
En ese punto, Fernández destaco que la lucha de Miranda Ruiz sintetiza la lucha del colectivo de mujeres que aun con ley deben remar cotidianamente para que los derechos se vuelvan práctica concreta: “nosotras somos militantes y no lo dejaremos de ser nunca. Estamos atentas todo el tiempo. La Justicia acá no es amigable ni con el colectivo de mujeres ni con el colectivo LGBTIQ+. Miranda Ruíz estuvo presa, unas horas pero presa y procesada más de un año. A la Justicia patriarcal de Salta no le importa mucho las leyes que conseguimos. Son un obstáculo para que haya más efectores de salud y para que más personas concurran a los centros de salud sin temor a ser judicializadas por ello. Esas cuestiones tienden a amedrentarnos y disciplinarnos”, sentenció.
Consultada si en la situación actual la Justicia salteña en memos “amigable” que la propia clase política, Fernández recordó que además de Miranda Ruiz hay otras compañeras “procesadas por hablar y denunciar. El sistema no está hecho para que nosotras obtengamos justicia sino para amenazarnos con el sistema de justicia. Eso es muy grave”, concluyó.
