Para garantizar la implementación de una ley aprobada hace 13 años, la cámara baja nacional buscará convertirla en “orden público”, obligar a las provincias a informar sobre sus avances y que sus contenidos se evalúen en las pruebas Aprender.
A nadie escapa que muchas escuelas y hasta provincias le ponen trabas para no implementarla. Para evitar que esto suceda, diputados de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia acordaron en septiembre del 2018 un dictamen con cambios a la ley para reforzar la obligatoriedad. Ese proyecto está a punto de perder el estado parlamentario, aunque finalmente hoy sería tratado en el recinto del congreso nacional.
“Lo más importante de la reforma, que tiene consenso de distintas bancadas, es que la ley de ESI pasaría a ser ‘de orden público’ (es decir que refuerza la obligatoriedad para todas las escuelas y provincias). Y se cambia el artículo 5, suprimiendo la parte que decía que cada escuela debe incluir la educación sexual integral en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”, reseñó el diario Clarín en su edición de hoy.
Además, las autoridades educativas de todas las provincias deberán presentar un informe semestral al Congreso con los avances en la implementación de la educación sexual y se establece que los aprendizajes de ESI también sean medidos en los operativos de evaluación como Aprender.
De todos los cambios, el que generó más reacción fue la supresión del concepto de “ideario”. La Comisión Episcopal Argentina (CEA) publicó ayer un documento en el que afirman que “se busca suprimir el reconocimiento del derecho de las comunidades educativas a adecuar la enseñanza a su propio ideario, y a las convicciones religiosas de sus miembros”.
