En medio de la crisis por el coronavirus y las cuarentenas, el activismo travesti- trans encontró la forma de protestar contra los Travesticidios y Transfemicidios.

Aunque no hay cifras oficiales, distintas organizaciones vienen registrando estas muertes y aseguran que en los primeros seis meses de 2020 se habla de entre 35 y 40 travestis y trans fallecidas. Dos fueron asesinatos: Roberta Carabajal (45 años), asesinada en febrero en La Plata; y Karly Palomino (33), asesinada en marzo en Ciudadela. Ambas eran migrantes y sobrevivían de la prostitución, como muchas personas del colectivo travesti-trans afectadas por la violencia estructural.

La mayoría de las muertes documentadas son travesticidios sociales, es decir, consecuencias de una falta de acceso a derechos básicos, como salud, trabajo y educación. “Para nosotras los travesticidios sociales también son crímenes de odio. Hay saña. Es un ataque violento desde el primer momento en que no accedés a ningún derecho. Las compañeras mueren en los hospitales, no tienen trabajo y el Estado no se hace cargo. No queremos caridad, queremos trabajo. El 99% nunca accedió al circuito laboral”, declaró al diario Tiempo Argentino Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (A.T.T.T.A).

El acceso a reparaciones históricas y trabajo para la población travesti y trans está directamente ligado a su supervivencia, en una región donde su esperanza de vida no supera los 35 años. “Somos una comunidad que en este contexto de pandemia vive una emergencia social”, dice Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina. “El 91% de nuestra población no tiene trabajo registrado. Entre el 85 y 90 % de las femenidades travestis y trans sobreviven de la prostitución. Si tuviéramos un trabajo podríamos hacer la cuarentena en nuestras casas. Sin trabajo no podemos proyectar una vida en igualdad de condiciones”.